Estamos ante otra ley de educación, la octava desde la Constitución de 1978. Si el PSOE llegaba al gobierno era previsible, como así ha sido, que derogara la LOMCE (2013) pues fue un acuerdo que existía con diferentes fuerzas políticas y aparecía como una prioridad en su programa electoral. Todo el mundo dice que son demasiadas leyes, que no da tiempo a implantarlas y desarrollarlas, aparte del cansancio psicológico que supone para el profesorado y la comunidad escolar adecuarse a las mismas. Pero una ley también es una oportunidad para adaptarse a nuevos retos y reforzar los principios y fines de la educación de acuerdo con los valores de la Constitución y el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. En este sentido, se han añadido principios como la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica; y en las finalidades, la capacitación para el ejercicio de cuidados y de colaboración social.

En línea con lo anterior, la ley se apoya y fundamenta en compromisos y convenios que afectan a toda la sociedad. Tiene en cuenta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en lo referido a educación; se sustenta en los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030; contempla los derechos de la infancia según la declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) y el derecho a la educación inclusiva reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley da, además, cumplimiento al Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado en 2017.

Es difícil en un monográfico contemplar toda la complejidad y matices que entraña la elaboración de una ley orgánica de educación. Quizás la pandemia ha restado poder realizar actos presenciales y seguir con mayor participación real el desarrollo y proceso de la configuración del texto aunque en parte se ha salvado gracias a los encuentros virtuales. Hay suficiente documentación para profundizar e investigar en las diferentes posiciones de las fuerzas políticas y sociales sobre la ley: las reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación y las aportaciones de las Comunidades Autónomas; la contribución de varios ministerios al anteproyecto; las actas de las reuniones y encuentros con sindicatos, asociaciones y organizaciones del mundo educativo; el informe del Consejo Escolar del Estado; y, por supuesto, las 1168 enmiendas que se han presentado al proyecto de ley.

La ley, al ser parcial por modificar otras leyes, es más complicada en su organización. Se establece un artículo único de modificación de la LOE (2006) con noventa y nueve apartados que la modifican parcialmente o le dan nueva redacción a setenta y siete artículos, diecinueve disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, una de las cuales cambia varios artículos de la LODE (1985). La ley añade ocho disposiciones adicionales, cinco transitorias que regulan aspectos del periodo de implantación, una derogatoria y seis finales sobre el desarrollo reglamentario, la entrada en vigor y el calendario de implantación. Hay que tener presente que hay 80 artículos que no varían y mantienen la literalidad de la ley de 2006.

No se ha logrado el pacto por la educación, luego es otra ley que nace sin consenso político y social. Se sigue utilizando a la educación como arma de fuerte confrontación política, se ha visto en el parlamento y con la movilización de la escuela concertada. Prueba de ello es que el PP y Vox han presentado sendos recursos al tribunal Constitucional que ya han sido admitidos a trámite; afectan a cuestiones, entre otras, de la libertad de enseñanza, el respeto a la libertad religiosa y el tema lingüístico. Esperemos que el modelo curricular competencial que se está elaborando en colaboración con las Comunidades Autónomas ofrezca un mayor acuerdo.

Por todo ello, este número de nuestra revista intenta acercarse, con ojos y oídos investigativos a la nueva propuesta legislativa. Lo haremos a través de aportaciones firmadas tanto por profesorado especializado, como por sindicatos de enseñanza, o por profesionales expertos en algunas de las cuestiones que más interesan y por técnicos que han participado en la confección de la ley actual. Hemos intentado acercar al lector, no solamente hacia los asuntos más relevantes de la ley sino que, además, nos interesa especialmente mostrar una visión poliédrica de la misma. En este sentido, hemos intentado contemplar el enfoque de la realidad educativa que transmite la nueva ley desde diferentes ángulos y perspectivas. Así, a través de una entrevista con uno de los artífices más significativos de la ley, Alejandro Tiana, Secretario de Estado para la Educación, desgranamos todos los entresijos de la misma. Le hemos dado especial relevancia a las repercusiones que la LOMLOE puede deparar con un nuevo currículo menos cargado de contenidos y más competencial de la mano de Francisco Luna que está trabajando en el equipo de Ministerio en la propuesta curricular; al necesario avance hacia una inclusión positiva que nos presenta Juan Antonio Valdivieso y a las pautas de desarrollo de la evaluación inclusiva que Mª Dolores Fernández y Laura Malvar del Grupo de Investigación ATALAIA nos describen; a la trascendencia del papel de la dirección en los centros con el abanico de reflexiones y análisis que nos presenta Antonio Bolívar; a la visión sobre los valores de la participación en los centros educativos, sin olvidar la importancia que puede alcanzar la educación no formal, desde la visión de Nélida Zaitegi; al análisis de la integración del Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de educación secundaria que nos describe Santiago Sobrino; y al valor de la inspección educativa desde la perspectiva de Santiago Esteban.

Asimismo, y en la búsqueda constante de la integridad, hemos querido ofrecer a nuestros lectores una visión plural y equitativa de lo que la nueva ley supone desde el punto de vista de los profesionales, para lo que contamos con las aportaciones de representantes sindicales de dos sindicatos mayoritarios en educación que nos presentan sus respectivas visiones sobre la nueva ley (STEs y AMPE).

El momento que vivimos sin duda es tan estresante como apasionante. Nos encontramos en una etapa en la que deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, no solamente si seremos capaces de abordar con serenidad y objetividad los cambios que se proponen, sino si está el profesorado, las direcciones escolares, las familias o los gobiernos autonómicos debidamente estimulados para trabajar por una educación plena y completa, que aporte calidad dentro de su esfera de influencia, sin perder la ilusión por, comunitariamente, hacer entre todos un país y un mundo mejor