En las luchas por la afirmación del Estado Democrático de Derecho en Brasil, después de 21 años de gobierno autoritario, las fuerzas populares pudieron establecer en la Constitución Federal de 1988 una serie disposiciones que garantizaban los derechos de la ciudadanía. Esta ciudadanía es un derecho fundamental de las personas y ser ciudadano significa tener derecho a participar plenamente en la vida política del Estado en todas sus instancias.

En el ámbito educativo, también se garantiza el derecho a la participación y la Constitución Federal tiene como uno de sus principios la gestión democrática. Cabe destacar que las disputas en torno a las concepciones de la educación y la gestión escolar también fueron feroces, en vista del esfuerzo de las fuerzas progresistas por superar el patrimonio técnico y reduccionista de los “años de plomo” que impregnaron las instituciones formativas en el país. Nunca es demasiado el reiterar que generaciones de educadores a lo largo del período dictatorial no tuvieron acceso, debido a la censura impuesta por el régimen, a la producción intelectual crítica de pensadores de renombre esenciales para la comprensión de la nación y la educación brasileña, como Florestan Fernandes, Darci Ribeiro y, sobre todo, Paulo Freire, hoy venerado Decano de la Educación Brasileña.

A lo largo del proceso de redemocratización, numerosas asociaciones científicas y académicas como ANFOPE – Asociación Nacional para la Formación de Profesionales de la Educación, ANPAE – Asociación Nacional de Política y Administración de la Educación, ANPED – Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Educación, CEDES – Centro de Estudios de la Educación y la Sociedad (CEDES) y FORUMDIR – Foro Nacional de Directores de Colegios, Centros educativos o equivalentes de las universidades públicas brasileñas, así como sindicatos, como el Sindicato Nacional de Profesores de Instituciones de Educación Superior – ANDES y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación – CNTE, que reúnen a educadores y activistas de ese ámbito, contribuyeron decisivamente al debate público en torno a la gestión democrática de la educación y las instituciones educativas, a todos los niveles, exponiendo las controversias disyuntivas y avances al respecto. Se organizaron grandes conferencias nacionales, iniciadas con las sucesivas ediciones de la Conferencia Brasileña de Educación (CBE), que movilizaron a los educadores brasileños en torno a la importancia de la inclusión y de la atención a las demandas del área en las agendas gubernamentales y su correspondiente repercusión en la legislación educativa.

Gestión democrática de la educación pública

De hecho, el punto culminante de este proceso fue la inscripción del principio de gestión democrática en la Constitución Federal de 1988, artículo 206, 196, inciso VI: la gestión democrática de la educación pública. Como afirma Mendonça (2000):

En el apartado dedicado a la educación, además de los derechos antes mencionados, la Constitución estableció una serie de siete principios sobre cuya base se debe impartir la educación, entre los que se incorpora el de innovación que no había sido incluido en ninguna de las constituciones anteriores o en la legislación federal infra constitucional sobre educación; la Gestión Democrática de la Educación Pública en forma de la ley también subyace. Así, el país adjuntó a su Ley de rango superior el principio que reflejaba la etapa más avanzada de la lucha por la democratización de la educación pública, allanando el camino para la regulación del mecanismo de su implementación en la legislación educativa. (p. 89)

Además de los esfuerzos encaminados a aprobar las propuestas para el capítulo de educación en la Constitución Federal, la presión de la sociedad civil de manera organizada fue decisiva para su regulación mediante leyes complementarias como la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB) y los subsiguientes planes de educación. De hecho, la LDB fue aprobada en 1996, después de un largo proceso de enfrentamientos, debates y negociaciones en el congreso nacional, donde dos versiones de la LDB estaban en disputa. Así, en cumplimiento de la Constitución Federal, la gestión democrática fue consignada LDB, Ley Nº 9.394/1996, art.3, inciso VIII, y en los artículos 12, 13 y 14. Para la inserción de estos últimos artículos, fue fundamental la movilización de educadores en torno al Foro Nacional en Defensa de la Escuela Pública (FNDPE), que reunió a más de 30 entidades como señala Bollman (2010).

Los planes de actuación que siguieron – Plan Nacional de Educación – PNE 2001-2010 (Ley Nº 10.172, de 9 de enero de 2001) – y PNE 2014-2024 (Ley Nº 13.005, de 25 de junio de 2014) – también contemplaban el principio de la gestión democrática de los centros. El PNE 2014-2024, construido en un amplio proceso de debate público cuya culminación fue la Conferencia Nacional de Educación 2010 (I CONAE 2010), precedida por conferencias municipales, estatales, distritales y locales, incorporó la gestión democrática a su objetivo 10 con la indicación de ocho estrategias para su materialización en sistemas y redes educativas, así como en unidades escolares.

La aprobación de todas las normas mencionadas fue el resultado de intensos debates sobre los conceptos de ciudadanía, educación, participación y gestión democrática, entre otros. Este hecho pone de relieve, en vista de las dificultades de la materialización de la gestión democrática en las instituciones educativas, la necesidad permanente de una formación inicial y continua de los directivos en todos los niveles y modalidades de educación tal y como se regula en la Resolución Nº 2/2015 del Consejo Nacional de Educación (CNE). Esta Resolución del CNE contempla la formación inicial vinculada a la educación continua y a las condiciones de trabajo, salario y carrera, a partir de una visión sociohistórica de la realidad brasileña.

El lugar tradicional de esta formación inicial es a través del curso de pedagogía que se ofrece en las instituciones de educación superior (IES). Las disposiciones curriculares nacionales de este curso -Resolución CNE/CP Nº 1, de 15 de mayo de 2006- enfatizan la autonomía de las IES para construir sus proyectos pedagógicos, ya que la LDB establece en el artículo 67, párrafo único, que refiere que “la experiencia docente es una condición para el ejercicio de cualquier otra función de enseñanza, que subyace en la institución de las áreas de actividad y el proyecto pedagógico de los cursos de formación docente y curso de pedagogía”.

El curso de Pedagogía, de acuerdo con los preceptos Curriculares Nacionales (DCNS) de 2006, Art. 4, está destinado “a la formación de docentes para desempeñar funciones de enseñanza en Educación Infantil y en los primeros años de Primaria, en cursos de bachillerato, en la modalidad Normal, formación profesional en el área de servicios y apoyo escolar y en otras áreas en las que se proporcionan conocimientos pedagógicos”. Y, en su único párrafo, afirma que

Las actividades docentes también incluyen la participación en la organización y gestión de los sistemas e instituciones educativas, incluyendo: I – planificación, ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de tareas específicas del sector de la educación; II – planificación, ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos y experiencias educativas no escolares; III – producción y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos del ámbito educativo, en contextos escolares y no escolares.

A partir de 2015, con la adopción de la Resolución No. 2/2015, los cursos de Pedagogía de los Centros y Facultades de Educación de todo el país iniciaron sus respectivos procesos de reformulación, los cuales fueron interrumpidos abrupta y autoritariamente, ante los cambios que se produjeron en las políticas públicas, incluidas las políticas educativas, debido a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), sin pruebas de un delito de responsabilidad, en 2016, y la instalación de un nuevo bloque en el poder. El nuevo presidente Michel Temer, al asumir la presidencia, pronto impulsó una serie de medidas que impactaron fuertemente en el campo de la educación, que se profundizó y amplió en el posterior gobierno de Jair Bolsonaro, iniciado en2019 (AGUIAR, DOURADO 2019).

Entre estas medidas, cabe destacar la derogación del decreto de nombramiento de nuevos consejeros para el CNE; los cambios en la organización del Foro Nacional de Educación; la implementación de la Base Curricular Común Nacional (BNCC), rompiendo la concepción orgánica de la Educación Básica, la Reforma de la Escuela Secundaria, la derogación de la Resolución nº 2/2015 y la adopción de las Resoluciones 2/2019 del CNE CP y la Resolución CP 1/2020 del CNE por la que se definen los Requisitos Curriculares Nacionales para la Formación Inicial y Continua del Profesorado para la Educación Básica y se establece la Base Nacional Común para la Formación Inicial del Profesorado de Educación Básica (BNC-Formación), respectivamente, sin diálogo con los principales actores, como asociaciones científicas y académicas y sindicatos en el ámbito de la educación (ANPED , 2019).

Más recientemente, el CNE ha sometido a consulta pública una Matriz Nacional Común de Competencias directivas, lo que ha provocado intensas críticas por parte de las entidades del área que la consideran como un retroceso con relación al curso de pedagogía y la forja de profesionales de la educación (ANPEd, 2021).

Consideraciones finales

A lo largo del texto, se analizaron los rápidos cambios en el escenario educativo brasileño que han tenido un impacto considerable en las políticas de educación inicial y continua de los profesionales de la educación, especialmente los directores de los establecimientos educativos de educación básica pública, con repercusiones directas en los cursos de pedagogía.

Se están llevando a cabo una serie de cambios en la regulación y legislación educativa que lleva a cabo el Ministerio de Educación (MEC) y el Consejo Nacional de Educación (CNE), específicamente en lo que respecta a las directrices para la formación de directores de escuelas de Educación Básica, que se distancian de la formación de profesionales críticos comprometidos con la democratización de la gestión en todos los niveles y modalidades de educación.

Esta situación ha provocado reacciones por parte de educadores que organizados en sus respectivas entidades académicas y sindicales están en sintonía con los sectores que defienden las ideas de una nación justa y soberana y una educación de calidad para todas las personas. En esta perspectiva, la organización de otra importante conferencia nacional de educación, la Conferencia Nacional Popular de Educación (CONAPE 2022), con sus ediciones estatal, distrital y municipal, que reunirá a miles de educadores y estudiantes de todo el país, parte con el objetivo de “movilizar a todos los sectores y segmentos de la educación nacional dedicados a la defensa del estado de derecho”; el CF/1988, el PNE (2014-2024) y tantos otros con la finalidad de articular un proyecto estatal que garantice la educación pública con el más amplio alcance, de gestión pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática y de calidad social para todos y todas, para consolidar una plataforma común de luchas por la educación en el país” (FNPE, 2021)