Recientemente, en una tertulia radiofónica, algunos participantes expresaban su sorpresa ante el elevado porcentaje de alumnado que supera cada año la PAU. Les respondí, como suelo hacerlo, que lo verdaderamente sorprendente sería lo contrario, tratándose de una revalidación de conocimientos y competencias que ya han sido acreditados al obtener el título de Bachillerato.

Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿para qué sirve la PAU? La respuesta, pensada para que todos la comprendan, es sencilla: su finalidad principal, en el marco de un distrito estatal único de admisión, es ordenar al alumnado según su calificación para el acceso a titulaciones universitarias, en un sistema en el que la mayoría de los grados tienen plazas limitadas. La PAU es, por tanto, un filtro necesario que da efectividad al principio de igualdad. La verdadera dificultad radica en conseguir una selectividad más justa, lo que requiere una mayor homogeneidad entre distritos.

Hace once años la Universidad de La Laguna me encomendó la coordinación de la PAU de 2015. Era la última que se celebraba conforme al Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, que preveía sustituirla por la Evaluación Final de Bachillerato (EFB), derivada de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Me correspondió gestionar aquel tránsito —por momentos más que tortuoso— de la PAU al nuevo sistema que, finalmente, no fue la EFB sino la actual EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

Puedo decir, parafraseando el viejo refrán, que “fui cocinero antes que fraile”. Durante siete años coordiné el acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, además de colaborar como secretario en los tribunales de la PAU. Aun con esa experiencia, la responsabilidad era enorme, y lo sigue siendo hoy, incluso incrementada por la complejidad del contexto actual.

1. La historia

Las primeras pruebas de selectividad en España se remontan al curso 1974-1975, realizadas por facultades. La primera convocatoria unificada se celebró en 1976, a raíz de la Ley 30/1974. Con la Ley Orgánica de Educación (LOE), en 2006, las pruebas pasaron a denominarse oficialmente PAU.

El Real Decreto 1892/2008, desarrollo de la LOE, introdujo un cambio sustancial: elevó la nota máxima a 14 puntos. Se asignaban hasta 6 por la nota media del Bachillerato, 4 por la parte general (materias comunes) y otros 4 por la parte específica (materias de modalidad ponderables). Esta estructura diferenciaba entre una parte obligatoria y otra voluntaria, permitiendo a los estudiantes mejorar su nota de admisión según el grado y la ponderación establecida por cada distrito universitario.

La LOMCE supuso un punto de inflexión: eliminó la PAU como requisito único estatal, sustituyéndola por una reválida final de Bachillerato de ámbito nacional, la EFB, que nunca llegó a aplicarse. Preveía que, una vez superada dicha evaluación externa, cada universidad pudiera realizar pruebas específicas complementarias, descentralizando el acceso.

Viví de cerca aquel frustrado proceso de transición. Las universidades coincidimos en la necesidad de mantener una prueba estatal común. Sin embargo, los intentos de homogeneizarla no llegaron a consolidarse, aunque en los últimos años se ha avanzado notablemente.

El Gobierno que promovió la LOMCE no logró articular una EFB viable ni alcanzó el respaldo de las comunidades autónomas. Se optó, con acierto, por mantener la PAU bajo una nueva denominación: EBAU. Su gestión continuó en manos de las universidades y su estructura apenas cambió. Algunos distritos prefirieron emplear la denominación “EvAU”, pero en Canarias, ambas universidades acordamos ceñirnos al término literal del BOE: EBAU.

Las diferencias no fueron solo nominales. La ubicación de las materias troncales de modalidad en la parte general impidió su ponderación como materias específicas, lo que llevó a interpretaciones dispares entre los distritos. En Canarias optamos por la aplicación estricta de la norma, aun sabiendo que muchos otros distritos no lo harían, algo que el Ministerio acabaría reconociendo al año siguiente en sus directrices. Casos como este ilustran la permanente tensión entre autonomía y coherencia en el sistema.

2. De nuevo la PAU

El último gran hito en esta larga evolución ha sido el retorno a la denominación original, PAU, impulsado por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE). Aunque su estructura de fondo apenas varía respecto a la EBAU, la nueva normativa acentúa la búsqueda de mayor homogeneidad.

La crítica recurrente a la PAU es la desigualdad entre distritos. En un marco de distrito único, la existencia de exámenes distintos genera la percepción de favoritismos según la supuesta “mayor facilidad” de unas pruebas frente a otras. Muchas de estas afirmaciones son más bien “leyendas urbanas”, pero no por ello dejan de tener impacto público.

El ideal de una prueba realmente única en toda España choca con la distribución competencial que establece la Constitución y los estatutos de autonomía. No obstante, caben avances hacia una mayor armonización, objetivo del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, que regula los requisitos de acceso a los estudios de Grado y las características básicas de la prueba. Publicado en plena convocatoria de junio, su aplicación inmediata fue imposible, aunque propició una respuesta coordinada y constructiva por parte de las universidades a través de la CRUE.

3. La armonización

La palabra “armonización” no era nueva para los responsables universitarios de acceso. El primer paso fue consensuar ponderaciones comunes para los grados. Desde finales de 2022 y durante 2023, los directores de acceso de los distintos distritos trabajamos por áreas de conocimiento. Como representante del distrito canario en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, participé en un esfuerzo colectivo que permitió establecer un mapa nacional de ponderaciones más uniforme, aunque no idéntico.

La necesidad de armonizar la PAU de 2025 nos sorprendió sin margen de maniobra. El Real Decreto se publicó en pleno periodo de exámenes, lo que obligó a coordinadores y profesorado a trabajar contrarreloj durante el verano para alcanzar acuerdos realistas. Era evidente que no se podía implantar de forma plena el modelo competencial en 2025: sería incoherente exigirlo en la PAU cuando aún no se aplica completamente en la enseñanza secundaria.

Con esa premisa se fijaron criterios comunes sobre el grado mínimo de competencia exigible, las deducciones por faltas ortográficas, la desaparición de la doble opción, o el porcentaje de opcionalidad en los exámenes. Estos acuerdos fueron refrendados en las Jornadas de Bilbao (septiembre de 2024) y posteriormente concretados en cada distrito. Aunque las universidades fuimos acusadas de demora, la causa principal fue el retraso ministerial en la publicación del decreto. En justicia, hay que reconocer que el propio Ministerio facilitó luego el trabajo de la CRUE, aceptando que el cumplimiento total no fuera posible en 2025.

Este proceso de armonización inicial sentó las bases para una segunda fase más profunda. De cara a 2026 y 2027, se constituyeron comisiones nacionales por materia, integradas por más de quinientos especialistas de universidad y enseñanza secundaria, con el propósito de culminar la armonización total en la PAU de 2027. Las Jornadas de Acceso y Admisión celebradas en Madrid en junio de 2025 consolidaron y ampliaron los acuerdos alcanzados el año anterior.

En definitiva, se ha avanzado significativamente hacia una PAU más homogénea. Una prueba idéntica en toda España sigue siendo, con el marco constitucional actual, imposible. Pero una PAU más equitativa y coherente es no solo deseable, sino alcanzable. Y su logro depende, en última instancia, de un compromiso compartido por todos los distritos: menos particularismos y más generosidad.