Como demuestra nuestra trayectoria en PISA, nadie gana cuando la educación se usa como herramienta para dividirnos.

La financiación ha sido utilizada como pretexto para levantarse de la mesa aún cuando ya todos los partidos habían realizado sus primeras propuestas para negociar. Estamos, pues, ante un bloqueo político que habría que describir más como un pacto contra la educación que como un pacto por la educación, el sector educativo se mantiene rehén de una lucha que poco tiene que ver con ella. Se han elaborado hasta siete leyes educativas sin consenso y se han afianzado los conciertos económicos en una lenta pero incesante mercantilización de nuestra enseñanza pública.

Mientras se producía una inundación de declaraciones de principios, casi siempre excluyentes, la escuela y sus grandes protagonistas, profesores y alumnos, han sobrellevado su actividad cotidiana sin recibir la atención que se merecen. Aunque sea tirar del tópico, es bueno insistir en ello: la educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos -más cuando se pretende emprender una reforma educativa de tal magnitud-, restringiéndola a la creación de una subcomisión de educación; la democracia formal, como expresión de la representación política, ha de conjugarse con la democracia participativa para vehicular un debate público intenso, sostenido y con luz y taquígrafos, con la más alta implicación de todos los actores sociales y educativos: profesorado y alumnado de los diversos niveles; profesionales de la orientación, de la educación social y de otros ámbitos de intervención, personal no docente; madres, padres y otros familiares; técnicos municipales, de entidades y ONG; sindicatos, colectivos de renovación pedagógica, plataformas, mareas y movimientos sociales.

Esta vía, que apela a la multiplicación de los agentes y espacios de debate, con ritmos más pausados, es más compleja y ambiciosa pero también más poderosa para conformar una opinión pública bien informada y para asentar políticas educativas sólidas y duraderas. La otra vía, la de los atajos y urgencias, hegemonizada por el rodillo parlamentario, es tristemente conocida por su fragilidad y por la falta de complicidad de los actores implicados. ¡Cuántas reformas cocidas desde arriba han fracasado!, o se han quedado a mitad de camino por la falta de entusiasmo e implicación o por el simple desconocimiento de quienes tenían que aplicarla.

El pacto de Estado en Educación es ineludible, pero la partida tiene que jugarse sobre un tablero nuevo, en el cual las piezas en movimiento sean las necesidades reales del alumnado y profesorado para hoy y para el futuro, y no como hasta ahora las particularidades ideológicas de los contendientes.

Sin consenso, sin que las voces de los maestros, los padres y las madres de los alumnos, los estudiantes, los educadores, los directores de colegios e institutos y los gestores educativos, sean escuchadas con interés, no hay Pacto de Estado por la Educación que valga.

No es en el Boletín Oficial del Estado donde se mejora la escuela, sino en las aulas, en los centros y en los barrios.

“El único pacto posible hay que hacerlo desde las trincheras”.

Pero no es preciso aguardar a la gestación y aplicación de una nueva reforma para tomar algunas medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión socioeducativa, y para revertir los recortes que afectan sensiblemente a la calidad de la enseñanza y al alumnado más vulnerable. Pongamos que hablamos de aumentar el gasto en educación mediante un presupuesto extraordinario. Para ello no habría que obedecer el dictado de Bruselas sino al que impone la realidad.

Un pacto educativo debería asegurar unos mínimos de inversión en gastos de capital, de personal, bienes y servicios, de formación del profesorado (en especial si se implanta un nuevo modelo de acceso a la profesión docente), de educación compensatoria y de inversión en innovación e investigación educativa y un uso eficiente de los recursos, para paliar el impacto de una financiación insuficiente sobre las oportunidades de aprendizaje y contribuir a la reducción de la segregación socioeconómica en las escuelas concertadas.

Asumámoslo, el sector educativo en España padece dos grandes enfermedades. Una es la fragilidad política, manifiesta en el triste hecho de que ningún partido se toma la educación suficientemente en serio. Esa es la razón de que los intentos de pacto no sean más que un ritual simbólico destinado al fracaso. Y la segunda, que viene a ser tanto causa como consecuencia de la anterior, es la ya larga ausencia de un liderazgo fuerte e integrador que defienda con firmeza al sector educativo y sea capaz de colocarlo en el sitio adecuado dentro del debate público. Si, como hoy parece claro, ese liderazgo no puede surgir de los partidos políticos, es urgente que lo busquemos en otro sitio. Nuevas instituciones y actores de la sociedad civil tienen que movilizarse, como lo están haciendo en otros temas igualmente clave. Es mucho más que un porcentaje del PIB lo que hay en juego. De hecho, es la totalidad del PIB.

La respuesta a la crisis económica se cebó en el sector educativo con recortes drásticos durante el periodo 2009-2013 en la formación del profesorado (48’7%), la innovación e investigación educativa (41’9%) y la educación compensatoria (25’5%), fundamentales para la mejora del aprendizaje. Mientras la mayor parte de los países de la OCDE blindaban sus presupuestos de educación en todo lo relacionado con las políticas de calidad, España recortó y destruyó precisamente esas políticas por la vía de la asfixia presupuestaria.

Y mucho me temo que con la crisis del COVID-19 los recortes volverán a aflorar. Cada vez se hace más necesario el Pacto Educativo. En esta crisis del Covid-19, al igual que en otras ocasiones, se ha echado en falta la suficiente voluntad de consenso y, de nuevo, han tenido cabida los intereses partidistas, desvirtuando así la posibilidad de una solución adecuada para las necesidades del alumnado y, en general, de la comunidad educativa.

Da la impresión de que se utiliza el concepto de “autonomía de centros” cuando las administraciones ya no saben qué hacer. La apertura de canales permanentes de comunicación con todas las entidades representativas de la comunidad educativa, y singularmente con los directores y directoras de los centros, parece indispensable para permitir una toma de decisiones consensuada y lo más acertada posible, algo que se viene reclamando desde años atrás para llegar al tan “ansiado” Pacto Educativo. De cara al futuro, la experiencia de las últimas semanas ha hecho patente la necesidad de prevenir situaciones semejantes, evitando que se repitan errores y carencias. Es de esperar y desear que, lo antes posible, se produzca una profunda reflexión sobre lo acontecido. Estamos viendo como las situaciones están siendo muy dispares entre las comunidades autónomas. En una situación inédita e insólita proliferan, seguramente de manera inevitable, instrucciones efímeras y contradictorias. La insuficiencia de lo acordado y los diferentes desarrollos por parte de las comunidades autónomas supondrá que alumnado de diferentes territorios promocione y titule en condiciones distintas, por pner un ejemplo.

Como dice el proverbio africano: “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”.

Finalmente, debemos tener en cuenta que son los Equipos Directivos quienes han de hacer efectivo lo que se decida y planifique, y que son además los que mejor conocen la realidad de sus centros y de sus comunidades educativas, no siempre uniforme. Por ello, como siempre, los directores y directoras seguimos ofreciendo nuestra colaboración que sin duda aportará, al menos, algo de realismo a la situación educativa de este país. Tenemos la esperanza de que se logre, por fin, el Pacto Educativo y esperamos que nuestras propuestas sean recogidas en él y en los desarrollos normativos que se deriven