Introducción

La participación ciudadana suele abordarse a partir de los instrumentos institucionales mediante los cuales las administraciones incorporan a la ciudadanía a la deliberación y a la toma de decisiones públicas. Sin embargo, existe una condición previa que tiende a pasarse por alto, y es que las personas dispongan de conocimientos, capacidades, vínculos y espacios de relación que les permitan reconocerse como sujetos capaces de intervenir en los asuntos colectivos. En este sentido, la educación no formal ocupa un lugar relevante dentro de las políticas de fortalecimiento democrático pues, más allá del aspecto educativo tradicional, resalta de la formación su capacidad para generar competencias sociales, espacios de encuentro y formas de relación que puedan favorecer la participación.

La experiencia de la Escuela de Ciudadanía de Jinámar, impulsada y financiada por la Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y desarrollada por la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP), constituye un caso pertinente para analizar esta cuestión, en tanto que fue concebido expresamente como una experiencia piloto destinada a explorar cómo desarrollar un instrumento de educación y cultura democrática en el territorio.

En las siguientes líneas, más que valorar esta iniciativa en términos de éxito o fracaso, interesa observar lo que revela sobre las posibilidades y dificultades de situar las Universidades Populares como espacios de formación ciudadana, partiendo de la hipótesis de que su potencial democrático no reside tanto en transmitir contenidos sobre participación como en crear condiciones para que la ciudadanía pueda encontrarse, adquirir capacidades, construir relaciones y vincular los aprendizajes con las problemáticas del territorio.

Jinámar como territorio y punto de partida

La elección de Jinámar no puede desligarse de sus características sociales y comunitarias. El barrio del Valle de Jinámar, perteneciente a los municipios de Telde y de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con una población aproximada de 20.000 personas y presenta una trayectoria marcada por la precariedad, el desempleo y determinadas formas de segregación residencial. Al mismo tiempo, el territorio dispone de una historia de movilización y de construcción comunitaria vinculada a la reivindicación de recursos básicos, así como de estructuras asociativas, con una trayectoria que se ha ido prolongando en el tiempo.

Esta combinación de vulnerabilidades, por un lado, y de capacidades comunitarias, por otro, resulta fundamental para comprender el proyecto, pues la Escuela de Ciudadanía no se plantea sobre un territorio carente de participación, sino sobre un territorio en el que existen experiencias comunitarias previas y que, además, algunas de ellas corren el riesgo de perder continuidad entre las generaciones futuras y entre quienes han ido llegando con posterioridad al barrio. De hecho, uno de los principios de diseño consistió precisamente en no superponer la iniciativa a otras actuaciones ya existentes, consultando previamente a asociaciones y colectivos, y manteniendo un espacio abierto y flexible para la incorporación de propuestas. Para ello, se estableció un grupo motor que permitió reunir a actores institucionales, profesionales y sociales del territorio, y convertir ese espacio en un instrumento de planificación y comunicación.

Este planteamiento introduce una primera idea relevante del proyecto, y es el hecho de que una política de educación democrática no puede construirse desde fuera del territorio. Aquí, la territorialización no atiende por tanto a una cuestión logística, sino que es algo que afecta a los contenidos, a los públicos, a las alianzas y, especialmente, a la legitimidad de la propia iniciativa. La escucha activa y la confianza generada por la metodología, permitió que se identificara espacios activos desconectados de la planificación institucional en los barrios, lo que permitió la localización de necesidades formativas reales que respondían a un movimiento comunitario ya existente, es decir, los prescriptores ya desarrollaban en el ámbito práctico aquello que se ofrecería de manera complementaria en el programa formativo

De la formación a la creación de espacios de ciudadanía

La Escuela de Ciudadanía fue concebida como un espacio de educación en cultura democrática y participativa dirigido a la ciudadanía, la sociedad civil organizada y a profesionales vinculados al territorio. Sus objetivos incluían el desarrollo de capacidades relacionadas con metodologías participativas, digitalización, comunicación, creación de redes, relaciones institucionales y escucha activa, junto con contenidos diversos como sostenibilidad, migraciones o bienestar animal. Esta amplitud de los contenidos resulta significativa, pues la educación democrática no se entiende restringida a derechos, instituciones o procedimientos de participación, sino que se aborda a través de cuestiones vinculadas a la vida cotidiana y a problemas concretos de la comunidad, como empleo, salud, igualdad, patrimonio, juventud, asociacionismo, nuevas tecnologías, ecologismo o deporte.

La experiencia desarrolló más de 40 acciones formativas y registró más de 3.350 participantes, sin embargo, aunque estas cifras son importantes indicadores de actividad, lo relevante de la experiencia de Jinámar son sus efectos en términos de impacto democrático, para lo que es fundamental tratar de vincular la importancia que tiene modificar los formatos, adaptarlos a las características de los participantes en procesos activos y buscar actividades capaces de generar encuentro, y que incorporen la reflexión, la autoevaluación y la construcción de propuestas a una programación combinada de talleres, jornadas, actividades presenciales y virtuales, grupos de escucha y acciones formativas desarrolladas en espacios comunitarios.

En este sentido, uno de los aprendizajes más interesantes tiene que ver con la dificultad de atraer a públicos que no se sienten interpelados por una oferta presentada explícitamente como participación ciudadana. Para ello, desde la Escuela de Ciudadanía, la respuesta fue utilizar actividades de carácter lúdico, cultural o deportivo como puertas de entrada, haciendo del entretenimiento un eje dinamizador que ofrece la posibilidad de relacionar actividades aparentemente alejadas de la participación (como el baile, la cocina, la música o el tejido) con cuestiones como la migración, los derechos ciudadanos o el asociacionismo. Esta estrategia contiene una intuición pedagógica relevante, y es que las personas no participan únicamente cuando se las convoca en tanto «ciudadanía participante», sino que también lo hacen desde intereses cotidianos, relaciones personales, actividades culturales y necesidades concretas.

Sin embargo, esta estrategia plantea una batalla que conviene exponer, y es que el hecho de que una actividad sea un espacio de encuentro no significa necesariamente que se transforme en un espacio de participación democrática. El paso de un espacio al otro requiere mediación, continuidad y capacidad para convertir las relaciones generadas en procesos colectivos, y la experiencia de Jinámar proporciona ejemplos de esta dificultad, puesto que, el hecho de que algunas actividades tuvieran una elevada aceptación no supuso que aparecieran propuestas o iniciativas posteriores.

En este contexto adquiere especial relevancia el papel de las Universidades Populares, cuya contribución no consiste únicamente en ejecutar una programación, sino que su valor está, sobre todo, en la capacidad de articular formación, territorio y relaciones comunitarias. Este es el caso de la experiencia de Jinámar, que se construyó mediante una alianza entre el Cabildo, la ACUP, el Ayuntamiento de Telde, Fomentas (Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Telde) y el equipo comunitario del Plan Integral de Jinámar, a la que se sumaron posteriormente diferentes entidades sociales, educativas y comunitarias, alianzas las cuales permitieron el acceso a espacios, colectivos y profesionales diversos, a la vez que hicieron posible la adaptación de la programación a las características del territorio, desarrollando una metodología que se apoyó en entrevistas, grupos de trabajo, devolución de propuestas y procesos de codiseño.

Esta estructura permite pensar las Universidades Populares como infraestructuras intermedias de ciudadanía puesto que, sin ser órganos de decisión política ni sustituir a las administraciones o a las organizaciones sociales, pueden generar las condiciones relacionales y formativas que conectan a las personas con esos espacios. Una escuela de ciudadanía vinculada a una Universidad Popular puede ofrecer una puerta de entrada menos exigente que las estructuras políticas o asociativas convencionales, y esto es especialmente relevante en sociedades donde buena parte de la población no está vinculada a organizaciones formales. Además, el carácter educativo de la entidad propicia una relación más cercana con la población más reticente a participar. Y aquí surge otro de los aprendizajes relevantes de esta experiencia para una política de educación democrática, como es la importancia de no reducir el público a quienes ya están organizados. Aunque el público prioritario incluía asociaciones, colectivos, profesionales y activistas, progresivamente se incorporaron al público objetivo del proyecto estudiantes, familias, mujeres y población general.

Aprender a participar. La Escuela de Ciudadanía como praxis

Uno de los aspectos más interesantes de la Escuela de Ciudadanía es su concepción práctica, en tanto proyecto que progresa y se define a través de su desarrollo, permitiendo que el proyecto se haya ido modificando a lo largo de las distintas ediciones en base a las necesidades y los aprendizajes que han ido surgiendo. La primera edición se centró especialmente en responder a las necesidades expresadas por asociaciones y colectivos, en la segunda edición se buscó alcanzar nuevos espacios y reforzar las actividades de convivencia y participación, y en la tercera se profundizó en formatos de carácter lúdico y deportivo. Esta evolución muestra que no existe una fórmula única para la educación democrática en el territorio, sino que los formatos, los contenidos y los públicos deben ser objeto de revisión permanente, aspecto fundamental para mejorar la calidad de estos procesos en términos de validez pragmática (Alvira y Serrano, 2022).

Es precisamente esta intención pedagógica la que permite la reflexión en torno a las dificultades y barreras que el proceso se encuentra en su desarrollo y, en este sentido, se puso en evidencia la existencia de limitaciones institucionales y de recursos, así como de procedimientos administrativos y presupuestarios, que nos recuerdan que la participación no depende únicamente de la voluntad metodológica. Ejemplo de ello fue el hecho de que la Escuela no dispusiese de un espacio físico permanente que le permitiera consolidar una identidad reconocible entre la población de Jinámar. Si bien se contó con espacios gracias a la coordinación con otras estructuras, el hecho de no disponer de una sede propia supuso una limitación importante para un proyecto con intención de convertirse en referencia territorial.

Algo semejante sucedió con la incorporación de profesionales del propio barrio, cuestión que se entendía beneficioso para aprovechar conocimientos existentes y para generar oportunidades profesionales. Sin embargo, las condiciones de contratación dificultaron inicialmente esa incorporación y fue necesaria la intermediación de una asociación local para facilitarla.

Analizando la experiencia de Jinámar para estudiar cómo puede una Universidad Popular actuar como escuela de ciudadanía encontramos que la respuesta no se encontraría –al menos no principalmente– en la transmisión de conocimientos sobre democracia –aunque estos formen parte de la programación–, sino que su potencial reside en la posibilidad de crear espacios donde las personas puedan aprender mediante la práctica: escuchando, relacionándose, colaborando, identificando problemas, formulando propuestas y descubriendo recursos existentes en su propio entorno que no conocían.

Precisamente esto hace difícil la medición de sus resultados, sobre todo en los términos clásicos de evaluación de políticas públicas, o de medición de fenómenos sociales. Una escuela de ciudadanía puede desarrollar capacidades y vínculos, y contribuir a fortalecer redes, sin que estos se traduzcan inmediatamente en acciones colectivas o que nazca una organización nueva, o puede ampliar el conocimiento sobre los recursos del territorio sin generar cambios inmediatos en las condiciones materiales del barrio. No se puede, por tanto, tratar de buscar una relación causal entre educación y participación, sino que debe más bien entenderse cómo la formación puede permitir crear condiciones favorables para la participación de la ciudadanía, el conocimiento de sus administraciones públicas, territorio, tejido social y relaciones comunitarias. Pero, desde luego, lo que no puede es sustituir las políticas sociales, las infraestructuras, los servicios públicos o los mecanismos tradicionales de participación, de ahí la relevancia de la continuidad de estos proyectos y, para ello, el necesario compromiso político de las instituciones.

Conclusión

La Escuela de Ciudadanía de Jinámar puede entenderse como una experiencia de exploración sobre cómo generar cultura democrática desde espacios de educación no formal y de proximidad, y su principal aportación no parece residir en haber encontrado un modelo definitivo, sino, por un lado, en haber permitido identificar algunas condiciones relevantes, como la necesidad de partir del territorio, trabajar con los actores existentes, mantener una programación flexible, diversificar los formatos, ampliar los públicos y construir alianzas institucionales y comunitarias, y, por otro lado, reconocer los límites cruciales a la hora de llevar a cabo una valoración adecuada de resultados, entendiendo que la participación en actividades no equivale necesariamente a participación ciudadana y que la formación no produce por sí misma empoderamiento, o que la existencia de una iniciativa institucional sea garantía de continuidad.

En este marco, las Universidades Populares pueden ser consideradas escuelas de ciudadanía en la medida en que sean capaces de generar espacios de aprendizaje social y de encuentro, y no únicamente de ofrecer cursos. Su potencial democrático reside en conectar conocimientos con territorio, intereses cotidianos con asuntos colectivos, y relaciones personales con capacidades de acción, lo que implica que el concepto de «escuela» se entienda en un sentido mucho más amplio. No se trataría tanto de enseñar a la ciudadanía qué es la democracia como de crear oportunidades para aprender a ejercerla, y es precisamente ahí dónde reside el interés de las Universidades Populares en tanto espacios potenciales de educación democrática.