La aspiración de un nuevo paradigma de política y gestión educativa, basado en la democracia y encarnado en el ejercicio de la autonomía, encontró eco en la legislación educativa brasileña. La Constitución Federal de 1988, en su artículo 206, fracción I y capítulo III, titulado Educación, Cultura y Deporte, salvaguarda el principio de la gestión democrática de la educación pública. La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB), aprobada en 1996, corrobora el sentido que emana de la Constitución Federal al establecer, en su artículo tercero, la gestión democrática como principio para la organización jurídica de los sistemas educativos. Cabe señalar que la LDB también regula el proceso de implementación de la gestión democrática en los sistemas y establecimientos educativos.

El gran desafío de los últimos años es consolidar la gestión democrática como la principal referencia para la organización y gestión de las escuelas públicas brasileñas. Evidentemente, el logro legal se ha convertido en un elemento crucial en la inducción de políticas públicas con un efecto significativo en las escuelas, pero otros elementos también interfieren en la organización de la escuela, más precisamente, aspectos relacionados con la tradición cultural patrimonial y factores asociados a la perspectiva gerencial de la organización de la gestión pública, componentes que tienden a comprometer el desarrollo de prácticas efectivamente democráticas en las escuelas.

En cuanto a la gestión democrática, es un precepto constitucional que salvaguarda el principio y los procedimientos democráticos en la educación pública. Directrices y orientaciones legales que se materializan en la escuela a través de las elecciones de directores, consejos escolares, el Proyecto Político Pedagógico, representantes de los estudiantes, etc., cuyo fin es ampliar los cauces de participación de la comunidad en la toma de decisiones, así como definir colectivamente los propósitos y objetivos de la institución educativa.

Evidentemente, este paradigma democrático conserva una fuerza significativa en la gestión escolar y en la percepción de los directores escolares, debido a los aspectos legales descritos y al lastre democrático y formativo asociado a esta perspectiva de gestión. Sin embargo, las precarias condiciones de trabajo, el fortalecimiento de la autonomía financiera y administrativa, la intensificación de la lógica de evaluación, la presión por mejorar el desempeño individual de los estudiantes y la limitación de los recursos públicos tienden a comprometer el fortalecimiento de la autonomía pedagógica de la escuela, limitando la profundización de las relaciones democráticas.

En la práctica, la gestión escolar y el trabajo del director escolar deben lidiar con perspectivas que surgen de la cultura institucional de la escuela, permeada por profundas relaciones históricas y sociales, en el caso específico de las escuelas públicas brasileñas, de prácticas patrimonialistas, como la inclinación política de directores y coordinadores pedagógicos. Investigaciones en el área educativa muestran que las prácticas patrimonialistas en la gestión de la escuela pública tienden a intensificar los conflictos, reducen la confianza entre los agentes escolares y comprometen acuerdos comunes que involucran a todos los docentes, aspectos que comprometen y debilitan relaciones más democráticas (Silva, 2009; Mendonça, 2000).

Se destaca también que la norma gerencial, plasmada en la Nueva Gestión Pública, tiende a constituirse como paradigma gerencial para la organización de la escuela. El paradigma gerencial trasladado a la escuela pública se sustenta en supuestos teóricos fundamentados en la descentralización financiera, la meritocracia y la eficacia escolar, cuyo significado ligado a los intereses del mercado somete los objetivos formativos propios de una institución educativa a la mejora del desempeño de los estudiantes en las pruebas sistémicas de evaluación del desempeño escolar, relegando las experiencias democráticas y las decisiones consensuadas en la gestión escolar a parámetros técnicos y administrativos.

De esta forma, se puede observar la presencia del referente gerencial inducido por las políticas públicas y los programas de gobierno, así como otros paradigmas de gestión de carácter democrático, burocrático o patrimonial, en condiciones de convivencia en la gestión escolar, dependiendo de la cultura institucional, de la identidad y de la composición de los agentes escolares, la tradición política local y las relaciones de poder existentes en la institución escolar, entre otros factores. La gestión de la escuela pública, en el contexto brasileño, se caracteriza por esta fuerte tendencia a la hibridación como resultado de paradigmas en consolidación.

Evidentemente, se observan prácticas de gestión democrática en las instituciones educativas que promueven un mayor diálogo e implicación de la comunidad escolar en la discusión de los propósitos e intereses educativos de la escuela. Sin embargo, el fortalecimiento de las acciones democráticas en las escuelas depende de la revitalización de esta perspectiva como política pública, es decir, la formulación de políticas que fomenten las prácticas democráticas, como la elección de directores, la elaboración de proyectos políticos pedagógicos con amplia participación, la formación continua de docentes, incentivando la participación de los estudiantes, entre otros factores.

Sin duda, la lucha política de los sectores progresistas por el fortalecimiento de las instituciones republicanas y democráticas en el conjunto de la sociedad es el principio básico para la consolidación de bases democráticas en la gestión de las escuelas públicas, respetando las peculiaridades culturales e históricas presentes en las instituciones educativas de Brasil, pero promoviendo el valor y la importancia de los principios democráticos como principal referente para la conducción de los asuntos educativos.