DYLE Nº13
Editorial
Emilio J. Veiga Río
Presidente de la Federación Estatal del Fórum Europeo de Administradores/as de la Educación
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela
Llevamos ya más de un año desde que se publicó la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE), y todavía es muy latente el “runrún” que se produce en el día a día en muchos foros internos y externos de las escuelas del país.
El que sea la novena Ley Orgánica que regula la educación en el estado español desde aquella Ley 14/1970, mayormente conocida como “Ley Palasí”, por el ministro que le correspondió tramitarla no es, en verdad, el mejor de los indicadores.
Tenemos en este momento implementados los cambios relativos a la participación y competencias del Consejo Escolar, claustro y elección de directores/as, los ámbitos de autonomía de los centros, la admisión del alumnado, condiciones de acceso a diferentes enseñanzas, la evaluación y las condiciones de promoción de cada etapa, las condiciones de titulación de la E.S.O, F.P Básica y el Bachillerato y las titulaciones de enseñanzas profesionales artísticas. Pero, ciertamente, a tres meses del final de curso, los centros educativos manifiestan su preocupación pues desconocen la mayoría de los detalles del gran cambio en la forma de enseñar, evaluar y organizar los cursos que empezarán a aplicar en septiembre próximo. El retraso en la aprobación de las normas que deben regular la transformación (los nuevos currículos) por parte del Gobierno y las comunidades autónomas está haciendo crecer la preocupación en colegios e institutos que manifiestan problemas para organizarse.
La nueva Ley educativa nos trae importantes elementos que pretenden agilizar y modernizar el sistema educativo español, en la procura de hacerlo más eficaz. Concepto este al que por falta de espacio y tiempo dejaremos para otra ocasión por ser complejo y muy politizado en todas las reformas. Elementos como dar mayor autonomía a los equipos docentes a la hora de determinar evaluaciones y promociones, y a una mejor atención a la diversidad; un currículo más competencial teniendo como elemento clave “el perfil de salida” del estudiante; una propuesta curricular más integral para que los centros, en base a su autonomía, puedan ajustarse mejor a su alumnado; una reorganización de las etapas educativas; una importante idea de necesidad de renovación metodológica y organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje; la incorporación de la educación no formal como parte de la legislación vigente…
Pero hemos de destacar que para tratar de abordar los cambios de una escuela del siglo XXI, faltan pasos importantísimos. La profesionalización docente sigue e la espera. La expansión de la educación infantil en su primer ciclo avanza aunque de forma “tenue”; sigue sin corregirse el deficitario sistema de titulación de la ESO; apenas se han dado pasos en autonomía y profesionalización de la dirección de los centros educativos, y que decir del tan debatido tema de modificación del acceso a la función pública, nuevo sistema de acceso del profesorado y la renovación de la formación inicial y continúa que permita disponer de los mejores profesionales educativos. Sería muy largo y no es intención de este editorial seguir marcando necesidades que la nueva ley apunta pero no quería dejar de señalar una que como en anteriores ocasiones se nos “antoja” primordial, sobre todo en momentos donde la situación internacional y nacional nos sitúa en unos niveles de inflación “terroríficos” que no sabemos si serán prontamente perecederos o han llegado para quedarse.
Creemos, sinceramente, que estas son consideraciones y reflexiones importantes sobre las que tendremos que seguir avanzando sobre todo en un unos momentos en los que la escuela está intentando salir de los efectos de una terrible Pandemia que ha supuesto un jaque al sistema educativo. Si una cosa ha quedado patente es la importancia de que esta institución y todos los miembros de las comunidades educativas que las conforman son imprescindibles y necesarios para seguir dando al alumnado y a sus familias el mejor de los entornos, en cuanto a seguridad, bienestar emocional, inclusión, y otras muchas dimensiones personales y sociales a las que la escuela está acostumbrada a dar respuesta