DYLE Nº10
Editorial
Emilio J. Veiga Río
Presidente de la Federación Estatal del Fórum Europeo de Administradores/as de la Educación
Con la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, se alcanza la 8ª Ley educativa en España desde la LOECE del 1980. Este quizás no sea uno de los mejores indicadores, sobre todo si miramos hacía los sistemas educativos de otros países del entorno europeo, o incluso mundial, o si tenemos presente reiterados informes de PISA, programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como el del 2019.
Las diferentes leyes educativas estatales promulgadas no han conseguido tener el consenso mayoritario de las formaciones políticas ni sociales y, por tanto, la fuerza de las mayorías parlamentarias se emplea para promulgar nuevas leyes que modifican el sistema educativo con el pretexto de reformarlo para mejorar. Esta dinámica es contraproducente y agita periódicamente el sistema educativo, que precisamente necesita trabajar con una clara proyección de futuro y planteamientos a largo plazo. Si bien hay que mejorar y adaptar algunos aspectos de la normativa básica, no es positivo ni necesario reformar completamente todo el sistema tan a menudo. La necesidad del tan reiterado “Pacto por la Educación” que en tantas ocasiones se ha intentado abordar sin duda sería una de las mejores soluciones de futuro.
En el informe Monitor de la Educación y la Formación 2020, publicado en noviembre del año pasado por la Comisión Europea, el Consejo Europeo advertía a España que el éxito de la nueva ley educativa que en ese momento se estaba gestando dependía en gran medida de que se invirtiera “el tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas”. Pero en general las reformas educativas de los últimos años han pecado de una habitual precipitación marcada por los tiempos políticos.
Pero quizás estemos en un momento, necesario y adecuado, para pensar que si se cumplen las intencionalidades, finalidades y objetivos que se reflejan en esta nueva Ley, podamos avanzar y mejorar en resultados académicos y en la equidad precisa para que un sistema educativo se consolide como la base del avance de nuestra sociedad. Lo que si será imprescindible y seguramente se quedará corto es el compromiso del Gobierno de aumentar el presupuesto en educación hasta el 5% del PIB antes del 2025
No cabe duda de qué atendiendo a los informes internacionales, PISA, TIMSS, PIRLS…es preciso buscar un cambio en el modelo educativo español sobre todo en el QUÉ, CÓMO, y CUÁNDO, enseñar y evaluar.
“No debemos obviar que el actual currículo en España tiene, digamos, un kilómetro de amplitud y un centímetro de espesor, y creo que no es bueno para los estudiantes. El futuro para España debería pasar por enseñar menos cosas, pero de forma más profunda, generando más compresión”. Con estas palabras se expresa en una muy reciente entrevista, 18-06-2021, Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE.
También manifestaba esta importante figura internacional que respalda la reforma del Gobierno y ve “impresionante” cómo la escuela española ha resistido la pandemia.
Ciertamente las administraciones, el profesorado, las familias, y el propio alumnado han hecho un enorme esfuerzo que es preciso consolidar y sustentar. La educación por competencias, los modelos curriculares interdisciplinares, el trabajo colaborativo, las competencias digitales, y la innovación pasan a formar parte de los pilares de una educación moderna y de futuro
Si repasamos los principales pilares en los que se sustenta la nueva Ley educativa española vemos que se tienen en cuenta elementos claves para el desarrollo de una sociedad moderna que debe tener en cuenta la realidad, social, económica, laboral…de su entorno. Así, si bien la valoración de la LOMLOE varía en función de la ideología, existen aspectos valorados muy positivamente como:
•La igualdad, la educación emocional y la competencia digital.
•El desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030.
•Las medidas contra la segregación escolar.
•El currículum competencial y los programas de diversificación curricular.
•Nuevas modalidades de Bachillerato y el especial refuerzo a la FP.
•Mayor autonomía y participación en las comunidades educativas.