DYLE Nº 27

Sinécdoques, FPA y lugares equivocados
Rubén Mateos López
Director del CEEPR NTRA SRA DE LOURDES- ASPRONAGA
La Formación Profesional Básica Adaptada va camino en estos días de convertirse, en Galicia, en un modelo aplicable a alumnado con discapacidad intelectual y de desarrollo mayor de dieciséis años, para toda la Comunidad Autónoma, dentro de la estrategia de inclusión educativa que presentó recientemente la Consellería de Educación.
En nuestro centro conocemos bien parte del trayecto que hay detrás de esta iniciativa concreta. Empezó hace diez años.
Escribir sobre algo que consideramos como un gran logro y en la dirección adecuada, hace que deba referirme a aspectos importantes que acompañaron y condicionaron su inicio y puesta en marcha.
Durante mi trayectoria docente, he asistido en nuestro pequeño centro educativo de educación especial (no representamos a un todo) a un largo debate educativo que posiblemente no tenga discusión. Pero parece que nunca se termina. En el colegio en que trabajo siempre nos hemos sentido apelados. Es curioso que, casi treinta años después de su inicio, el debate esté casi donde comenzó. Hemos conocido y trabajado con otras entidades nacionales y no nacionales y, salvo muy pocas excepciones, no veo signos de que el debate sobre el incumplimiento de un derecho vaya a acabarse pronto. Los modelos inclusivos que funcionan no son muchos a nivel europeo. Pero los hay. Y hay muchas referencias que podemos tomar en cuenta. A veces que haya tantas y diferentes da como resultado la suma cero.
Parece extraño que se mantenga vigente la duda tanto tiempo sobre lo más adecuado para el alumnado con necesidades educativas especiales con discapacidad intelectual y de desarrollo(DI). Es increíble que haya tantos tipos de respuesta, aparentemente buscando lo mismo. Supongo que no ha sido fácil resolverlo. Y soy consciente que va por épocas.
Supongo que la dificultad está en que que va de derechos, va de valores y, aún más, va de recursos, va de cultura educativa, va de mirada a las personas y va de competencias de administraciones diferentes. Y también va de voluntad. Hay mucha gente de acuerdo con que la inclusión educativa (una parte del todo) es un derecho y tiene que darse en el mismo lugar para todo el alumnado. Casi lo suscribo sin matices.
Casi. Suscribirlo sin más sería abstraerme de realidades que conozco bien, no sólo yo las conozco bien, a las que no se está dando la respuesta educativa adecuada. Posiblemente, porque este principio educativo no sólo debería afectar a alumnado con discapacidad intelectual y de desarrollo (DI). Pero, si nos centramos en esta supuesta categoría, el alumnado con DI (etiqueta que difícilmente favorece una respuesta adecuada por sí misma. El todo por la parte de nuevo) tiene el mismo derecho a tener una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Dotarlos de competencias, saberes y aprendizajes para que puedan ejercer su ciudadanía plena en el futuro no debería ser dudoso. Pero no encuentro muy habitualmente esta mirada a futuro en nuestro sistema educativo, sea por falta de diseño, falta de apoyos o por no saber en que dirección ir cuando se nos saca de los fines sólo académicos.
La preocupación por lo que vendrá según avanzan en el sistema educativo es, curiosamente, lo que genera más incertidumbre a familias y profesionales. Por lo que nos llega y se publica.
Parece ser que mezclamos, sin querer, inclusión con inclusión educativa (sólo es una parte del todo. Muy importante pero parte). Deberíamos defender con la misma intensidad la palabra inclusión para las personas a los cinco años, a los dieciséis, a los veintiuno y a los setenta. Esta confusión puede hacer que el sistema educativo tienda sólo a preocuparse por la etapa básica obligatoria. A partir de los dieciséis años, la defensa de la inclusión pierde intensidad. Llamativo.
Y es aquí donde arrancan nuestras reflexiones como centro. Reivindicamos inclusión como un todo, a sabiendas de que lo hacemos desde un lugar equivocado y muchas veces sospechoso. Pero lo hacemos sin evitar ningún debate y considerando cosas que tienen mucha importancia.
Ninguna persona debería perder el derecho a ser estudiante para seguir formándose, si sus posibilidades y sus ganas van en esa dirección. Actualmente nadie cuestiona que la mayoría de los que estáis leyendo este artículo podáis matricularos en la universidad o en una FP, sin estar condicionado por la edad o sin que nadie sepa exactamente para que quereis esos estudios.
Nuestro alumnado con D.I. sí está limitado en el sistema educativo, inclusivo o no, con una gama de distintas intensidades. A los dieciséis terminan su etapa obligatoria, a los dieciocho nadie seguiría flexibilizando mucho su “estancia” en la ESO y a los veintiuno se acabó. Pasan a ser alumnado considerado, por los parámetros europeos, en situación de abandono escolar temprano. Es el resultado más frecuente de nuestro sistema educativo para alumnado con DI.
Y aquí comienza realmente nuestra propuesta de presente como centro. Con nuestras contradicciones de lugar equivocado, aparentes y reales. No se puede tener más condicionantes en contra: colegio de educación especial, concertado y del noroeste, donde el minifundismo llega, a veces, a ser un estado de ánimo, una forma de vivir. Pero allá vamos. Con optimismo.
Creemos y así actuamos, sin norma que nos ampare por ahora, que el alumnado con DI debe estar siempre incluido en un centro ordinario con respuesta educativa de calidad y con los apoyos necesarios en educación primaria. Entendemos que podríamos tener un rol importante como un recurso de referencia y apoyo para ayudar en que ese proceso de calidad se produzca en los centros de primaria. La propuesta de transformación que describió la LOMLOE. Más riquiña para nosotros que la negra sombra de la desaparición que tanto nos persiguió.
La entrada más frecuente de alumnado en nuestro centro se produce entre los doce y los catorce años. A partir de los dieciséis nuestra propuesta educativa prioriza competencias relacionadas con transición a la vida adulta y formación profesional adaptada, previstas en la legislación gallega desde 2011 y un poco más desarrolladas en la Orden del 8 de septiembre de 2021.
Para parte de nuestro alumnado con DI (es para una parte de todo nuestro alumnado) se inició hace diez años un camino con ingredientes singulares.
Un inspector de educación propuso una colaboración a dos equipos directivos, “de esos que se dejan liar”, de dos centros muy distintos. Se lo propuso al nuestro, no insisto en nuestras características altamente vendibles, y a un instituto de formación profesional público. No pedimos recursos adicionales, involucramos a profesorado de los dos centros, “de ese que se deja liar”, trabajamos en un convenio marco con la consellería, se lo contamos al alumnado del instituto, a los futuros compañeros/as de nuestro alumnado y estuvimos listos para empezar. Con actividades primero (de 2015 a 2019). Y en 2021 pusimos en marcha la primera promoción de un pilotaje inclusivo de Operaciones Básicas de Panadería y Pastelería. Tres días nuestro centro los preparaba en la parte teórica y dos días iban a realizar la parte práctica en un entorno inclusivo. La denostada modalidad combinada pero bien planteada.

Realizaron este pilotaje cinco de nuestros alumnos y alumnas mayores de dieciséis años. Los elegimos con mucho cuidado y les trasladamos la presión de que tenía que ser un éxito. Casi nada. Debían demostrar que el sistema era válido y replicable. Sin presión. Realizaron su programa en dos cursos académicos, se incluyeron en los equipos de sus compañeros/as (estudiantes de ciclo medio del CIFP), convivieron en un instituto, estudiaron, se preocuparon, disfrutaron, aprobaron pruebas escritas, realizaron prácticas en empresa, aprobaron pruebas prácticas, se fotografiaron para la orla y certificaron en un acto con el resto del alumnado.
Esos alumnos y alumnas trabajan actualmente en empleo ordinario o siguen estudiando fuera de nuestro centro. Ninguno optó por otra vía.
Nuestra experiencia cuenta ya con dos promociones de Panadería y de Pastelería con este primer instituto (CIFP Paseo das Pontes). Iniciamos también otra familia profesional con un segundo instituto (CIFP SOMESO). Todo está siendo una experiencia fantástica para el alumnado, profesorado y equipos directivos de los tres centros.
Acabo estas líneas pendientes de una reunión inminente en la Consellería de Educación que transforma estos pilotajes en un modelo que se extiende a toda Galicia. Este curso 25-26 se aborda una primera fase de implantación en las cuatro provincias gallegas. Centros de Educación Especial e institutos de FP inician un pilotaje conjunto de lo que espero sea un exitoso futuro de la Formación Profesional Básica Adaptada. Y ya que estamos ¿podría este alumnado con DI ser titulado en la ESO como el resto de las Formaciones Profesionales Básicas de Galicia?. Aquí lo dejamos. Desde el lugar equivocado, en el momento justo.
Optimistas.
