Resumen: El artículo analiza las transformaciones recientes de la enseñanza profesional en Bélgica francófona en el contexto de una amplia reforma —el Pacto por una Enseñanza de Excelencia— y de restricciones presupuestarias. Pone de relieve una paradoja: mientras el discurso político afirma querer democratizar la escuela mediante la ampliación del tronco común, ciertas medidas —en particular, la supresión de los séptimos años profesionales— externalizan etapas clave hacia la educación de adultos. Esta evolución debilita la continuidad de los itinerarios profesionales y cuestiona el reconocimiento social de las certificaciones expedidas fuera del marco escolar ordinario. El estudio subraya los riesgos de una desvalorización simbólica y profesional de los diplomas emitidos por estas vías paralelas. En comparación internacional, el modelo belga francófono aparece menos integrado que el de países como España, donde la formación profesional ha sido reforzada y revalorizada. El artículo concluye que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad del sistema para preservar el valor emancipador de los itinerarios cualificantes y garantizar una verdadera equidad educativa.

Palabras clave: enseñanza profesional, tronco común, reformas educativas, reconocimiento de certificaciones, equidad escolar

Introducción

La enseñanza secundaria belga francófona se distingue históricamente por una fuerte selectividad y una orientación jerarquizada desde los primeros años. El alumnado se distribuye tempranamente entre las vías general, técnica y profesional, percibidas como desigualmente valoradas. Esta estructuración alimenta una segregación escolar particularmente pronunciada a escala europea, reforzando las desigualdades sociales y territoriales en términos de éxito (Demeuse et al., 2008).

Los análisis sucesivos del sistema educativo belga francófono han puesto de manifiesto disfunciones estructurales, especialmente una elevada tasa de abandono escolar, salidas sin diploma y una escasa movilidad entre vías. Estos diagnósticos, interpretados como signos de ineficacia e inequidad del sistema (FWB, 2015), motivaron la puesta en marcha en 2015 del Pacto por una Enseñanza de Excelencia. Esta ambiciosa reforma persigue un doble objetivo: por un lado, mejorar la gobernanza mediante un refuerzo de los mecanismos de regulación; y, por otro, transformar los itinerarios de aprendizaje mediante la creación de un tronco común que se extienda hasta el final del primer ciclo de secundaria (tercer año). Esta medida pretende retrasar la especialización de los itinerarios, garantizar la adquisición de un conjunto común ampliado de competencias y reducir los efectos de segregación vinculados a la orientación temprana.

La evolución reciente del marco político y presupuestario redefine el alcance del dispositivo. En un contexto de restricciones, el gobierno decidió en 2024 la supresión progresiva de ciertos séptimos años profesionales, hasta entonces esenciales para la obtención del Certificado de Enseñanza Secundaria Superior (CESS) por parte del alumnado de la enseñanza profesional y para la consolidación de competencias escolares, personales y profesionales. Los alumnos afectados serán orientados hacia la educación de adultos, cuyo papel se refuerza en el Contrato 2035. Esta reconfiguración redibuja las trayectorias educativas y reabre el debate sobre la articulación entre enseñanza profesional y formación de adultos.

Desde esta perspectiva, el presente artículo analiza las políticas educativas recientes desplegadas en Bélgica francófona, destacando las transformaciones institucionales y escolares que generan en los itinerarios y el desfase entre las intenciones políticas declaradas y las medidas efectivamente introducidas.

Marco institucional y estructura de la enseñanza secundaria en la Federación Valonia-Bruselas

Estructura y funcionamiento hasta 2015

Antes de las reformas recientes, la enseñanza secundaria belga francófona respondía a una organización institucional heredada de la posguerra, estructurada en tres ciclos sucesivos de dos años y basada en una orientación temprana y jerarquizada de los itinerarios. El primer ciclo “común” tenía por objetivo ofrecer una base homogénea de formación, pero a menudo constituía un peldaño preparatorio hacia una orientación rápida del alumnado.

Desde el segundo ciclo, los estudiantes eran dirigidos hacia la enseñanza: (1) general, orientada a la preparación para los estudios superiores; (2) técnica, que ofrecía una vía de transición de orientación académica y otra de cualificación enfocada al empleo; (3) artística, que combinaba formación cultural con diversas salidas profesionales; y (4) profesional, destinada principalmente a la inserción laboral directa, aunque también podía conducir a la enseñanza superior.

Este dispositivo favorecía una “orientación en cascada”, situando al alumnado percibido como más competente en la enseñanza general, mientras que las vías técnica y, sobre todo, profesional acogían con frecuencia —por necesidad o por defecto— a estudiantes con dificultades o procedentes de entornos desfavorecidos. Al consagrar una jerarquía implícita entre las formas de enseñanza, este sistema contribuía a la reproducción y acentuación de las desigualdades sociales y escolares.

El Pacto por una Enseñanza de Excelencia: un tronco común politécnico y pluridisciplinar y una vía profesional revalorizada

Esta reforma articula la renovación de la gobernanza escolar con una modernización profunda de la enseñanza y conlleva, en este marco, una redefinición del concepto de orientación en torno a tres dimensiones complementarias.

La primera se refiere a la implantación de un tronco común politécnico y pluridisciplinar que se extiende desde la enseñanza primaria hasta la secundaria inferior. Su objetivo es superar la jerarquización tradicional de las disciplinas y promover un acompañamiento individualizado que permita a cada alumno desarrollar plenamente sus potencialidades.

La segunda dimensión se basa en el desarrollo de un enfoque educativo de la orientación, integrado en las enseñanzas disciplinares. Este enfoque fomenta una estrecha colaboración entre los profesionales de la enseñanza y de la orientación, e implica activamente al alumnado en la construcción progresiva de su proyecto personal y profesional (Canzittu y Carosin, 2021).

Por último, la tercera dimensión se refiere a una nueva organización de las transiciones dentro del sistema educativo, destinada a reforzar la continuidad entre los niveles de formación —de primaria a secundaria, y de secundaria a superior—. Esta reorganización pretende reducir a la mitad la frecuencia de repetición y establecer pasarelas que faciliten la movilidad entre la enseñanza profesional y la general, contribuyendo así a una mayor equidad y coherencia en los itinerarios educativos.

Entre el reconocimiento declarado de las ambiciones del Pacto y su cuestionamiento bajo el signo de las tensiones presupuestarias

Tras las elecciones de junio de 2024, se formó un nuevo gobierno. En su Declaración de Política Comunitaria del 11 de julio de 2024, titulada “Tener el coraje de cambiar para que el futuro se ilumine” (FWB, 2024), reafirma la continuidad en la aplicación del Pacto, reconociendo al mismo tiempo que este “genera debate” y requiere una evaluación objetiva. El reto consiste en ajustar sus medidas y calendario sin traicionar sus finalidades iniciales: elevar el nivel de competencias, reforzar la equidad y reducir tanto la repetición como el abandono escolar.

La DPC mantiene el objetivo de un tronco común ajustado, verdaderamente politécnico, concebido para desarrollar las competencias del alumnado y orientarlo progresivamente. En esta óptica, prevé una estancia de observación en el mundo laboral antes del final del tronco común, a fin de alimentar la reflexión sobre el proyecto de orientación. El tercer año de secundaria, considerado difícil para algunos adolescentes, se convertirá en un año de transición, combinando un núcleo reducido de actividades comunes con un refuerzo de las actividades de orientación.

En cuanto al período posterior al tronco común y la reforma de la enseñanza profesional, el objetivo es estructurar una enseñanza que conduzca tanto a los estudios como al empleo. El gobierno continuará las reformas destinadas a organizar la enseñanza secundaria superior en dos vías: la enseñanza de transición y la enseñanza profesional (Parcours d’Enseignement Qualifiant – PEQ). Esta última, pilar del Pacto, debe percibirse como una vía de excelencia.

El nuevo modelo prevé que, al término del recorrido, el éxito conduzca a un CESS común a ambas vías y a un Certificado de Cualificación propio de la vía profesional. Estructurado en tres años tras el fin del tronco común, el PEQ sustituye la configuración anterior, que a menudo imponía un séptimo año profesional para la obtención del CESS o el perfeccionamiento de una cualificación. Aunque la DPC no menciona explícitamente su supresión, la nueva arquitectura de la vía profesional la concreta de facto. Para ello, el gobierno pretende reforzar la alternancia en las vías adecuadas, aumentar la participación en la formación profesional y multiplicar las sinergias con el mundo del trabajo, con el fin de garantizar una enseñanza profesional realmente formadora y accesible en todo el territorio.

Si la reforma de la enseñanza profesional busca reforzar la alternancia y los vínculos con el mundo laboral, su éxito depende también de la capacidad de los equipos docentes para encarnar esa ambición. El recurso a docentes “de segunda carrera” constituye en este sentido un elemento clave. Gracias a su experiencia profesional, estos docentes pueden acercar la escuela a las realidades económicas y sociales que pretende valorizar (Coppe, 2022).

Análisis crítico

La reciente reconfiguración de la enseñanza profesional en Bélgica francófona revela una paradoja. Mientras el discurso político promueve la democratización del sistema mediante la ampliación del tronco común, algunas medidas tienden a externalizar etapas clave del itinerario profesional, en particular con la desaparición de ciertos séptimos años.

Este paradoxo pone en cuestión la coherencia de las políticas públicas: detrás de la ambición declarada de un tronco común reforzado se perfila una fragilización de los itinerarios internos de la enseñanza profesional. El alumnado orientado tras el tercer año ya no dispondrá de un recorrido completo dentro de la secundaria ordinaria, pues ciertas etapas de su formación se trasladan a la enseñanza de adultos.

Esta externalización no está exenta de consecuencias: plantea interrogantes sobre el valor social y simbólico de las certificaciones. Al desplazar parte del proceso de cualificación fuera del marco escolar tradicional, la reforma modifica la percepción de los diplomas, tanto desde el punto de vista de los empleadores como de las familias. Las certificaciones emitidas en dispositivos paralelos tienden a percibirse como menos legítimas y, por tanto, menos reconocidas en el mercado laboral (Kergoat, 2023). A largo plazo, esta dinámica puede debilitar la posición de los jóvenes afectados en el mercado de trabajo y en la jerarquía simbólica de los itinerarios escolares, así como la capacidad de la enseñanza profesional para atraer estudiantes o reclutar docentes competentes.

La comparación europea arroja luz sobre estos retos: algunos países, como España, han optado por reforzar la Formación Profesional, haciéndola más integrada, atractiva y vinculada al mercado laboral, favoreciendo así la revalorización de las vías cortas y de los itinerarios sólidos hacia el empleo. En cambio, la estrategia observada en Bélgica francófona se asemeja a un modelo híbrido, que tiene dificultades para asegurar el reconocimiento social de las cualificaciones y la integración efectiva de las formaciones en el mercado de trabajo.

Estas opciones políticas remiten a una cuestión central: “¿Qué proyecto de sociedad se desea para la enseñanza profesional?” Si el objetivo es garantizar a todos un tronco común y, al mismo tiempo, itinerarios cualificantes reconocidos y valorados, el ámbito político debe preservar vías internas de profundización de calidad dentro de la secundaria. Asimismo, es fundamental asegurar el reconocimiento social y profesional de las certificaciones emitidas fuera del marco tradicional, e invertir en la alternancia y en la profesionalización del profesorado, incluidos los de segunda carrera.

Mientras el Pacto anunciaba un doble objetivo de democratización y reducción de la segregación escolar mediante la ampliación del tronco común, la supresión paralela de ciertos séptimos años profesionales tiende a restringir las posibilidades de validación de los itinerarios cualificantes.

Conclusión

El éxito de una política de revalorización de la enseñanza profesional no puede limitarse a una reorganización administrativa. Depende de la capacidad del sistema para preservar el valor de los itinerarios profesionalizantes como motores de emancipación social.

Sin embargo, al externalizar ciertas formaciones y debilitar el reconocimiento de las certificaciones, la reforma actual priva a la enseñanza profesional de su papel de ascensor social y corre el riesgo de acentuar las desigualdades que pretende reducir.