La educación a nivel global está cambiando la gobernabilidad de las escuelas desde el lado de la oferta al lado de la demanda, con políticas que se basan en la elección escolar, la competencia entre escuelas, la eficiencia de la gestión económica y la libertad de las familias, conduciendo a una reprivatización e incremento de los sistemas públicos-privados. Las consecuencias son la segregación escolar; escuelas con una composición social uniforme que conducen a la segmentación social, la inequidad y el fracaso escolar. El contexto en el que se generan este tipo de políticas de demanda, impulsadas por la globalización, la mercantilización y las teorías de libre mercado, tiene como consecuencia sociedades cada vez más desiguales y sistemas educativos dirigidos hacia el éxito y la competitividad. Esto se une al interés de las familias con mejor posición cultural y económica en conseguir una diferenciación social para que sus vástagos tengan mejores oportunidades en su futuro laboral.

Según evaluaciones internacionales, como el Tercé (LLECE) o Pisa (OCDE), el elemento que más contribuye al fracaso y al abandono escolar es la composición social homogénea de los y las estudiantes, o sea añadir alumnado del mismo nivel socioeconómico en las aulas y centros escolares, sobre todo el alumnado más desfavorecido. En todos los países las políticas de elección de centro sujetas a las demandas de las familias son las que más contribuyen a la brecha social.

Decía Aristóteles que si el fin de la educación es la justicia, la educación debe ser única y la misma para todos, de modo que no sea el dinero y la clase social lo que diferencie la educación. El Estado no puede impulsar la segregación escolar, como ha hecho la LOMCE, ni proteger y financiar fines privados y expectativas individuales.

El derecho de las familias a una educación plural, en igualdad y de calidad también desaparece cuando está sujeta a la demanda. Se convierte en un producto de consumo y los centros se clasifican por segmentos sociales, de primera, segunda y tercera categoría, lo cual contribuye a la segregación escolar y a una creciente desigualdad.

Segregación escolar y el mito de la elección de centro

La libertad de elección es un postulado neoliberal que plantea que se puede acceder a todo lo que se desea, sin existir barreras y sin estar determinados por la pertenencia a una clase social, etnia o género. También que se pueda elegir centro escolar bajo la preferencia de padres y madres, aunque en realidad las familias busquen que los hijos e hijas no se mezclen con otros niveles sociales e incluso con personas del otro sexo.

Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de España al respecto es propicia para su aplicación porque ya contamos con dos redes escolares, pública, y privada concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos); esta última supone un 30% de la escolarización obligatoria, siendo mayoritariamente de instituciones religiosas católicas (64%)2, teniendo en cuenta que la privada y concertada acogen solo al 7,5% de los alumnos/as desfavorecidos. En España cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas.

La crisis de 2008 ha influido en el aumento de la segregación escolar, rompiendo la disminución que se estaba produciendo desde el año 2000. A ello ha contribuido la reducción de financiación pública en el sistema educativo, junto a las políticas educativas introducidas con la LOMCE de competitividad, elección de centros y des-regulación de las zonas escolares, que han conseguido que Madrid sea la segunda región de Europa en segregación escolar, con un 45% de escuelas privadas (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). Y España será el sexto país con más segregación de la Unión Europea, con un índice del 31% y un aumento en los dos últimos años de un 14,5% (Save The Children España, 2016).

Los programas basados en la demanda asumen que los beneficiarios responden de una forma única, guiados por una racionalidad instrumental, siempre que estén correctamente informados. Además mejoran la calidad educativa a través de la elección escolar que impulsa la competencia entre las escuelas y la eficiencia educativa. Este planteamiento nos llevaría a que todas las personas elegirían las mismas escuelas y el resto estaría obligado a cerrar. Sin embargo la realidad nos muestra que las personas más pobres tienen dificultades geográficas y económicas que funcionan como una barrera a la hora de elegir y que las elecciones se hacen de acuerdo al segmento social del que proceden, y a los valores y seguridad que pueden tener los hijos en las escuelas (VERGER, BONAL y ZANCAJO, 2016).

Los centros educativos privados (con financiación pública) no compiten por atraer al mayor número posible de estudiantes, sino a estudiantes con los mejores atributos hacia el aprendizaje y la disciplina escolar que son los que garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados académicos para la escuela. Cada centro, en función de su posición, buscará a los mejores estudiantes posibles, cada familia según su estatus y condiciones buscará un medio equivalente, aunque intentando huir de las escuelas de los más pobres.

Así ocurre con las escuelas charter en EEUU, financiadas con dinero público, que suelen tener menos limitaciones que las escuelas públicas. Aunque su independencia varía de acuerdo a cada estado, en general suelen abarcar un área mucho más extensa que el distrito escolar al que están sujetas las escuelas públicas y suelen estar menos reguladas. Los partidarios de los programas de elección escolar argumentan que estas políticas atraen a los estudiantes de un rango geográfico más amplio que las escuelas públicas, por lo que tendrían una mayor pluralidad. Pero las investigaciones realizadas en el Estado de Arizona ven incrementada la segregación por raza, status socioeconómico y hasta por capacidad. Las escuelas charter buscan estudiantes dotados o con necesidades especiales (GILBLOM y SANG, 2019). .

En el caso Chileno, país que lleva más de treinta años con políticas de elección de centro el control social de la educación es a través de las elecciones individuales de las familias con los vouchers educativos3. En los años ochenta consiguieron que se mejorara el promedio del desempeño del alumnado en exámenes estandarizados, pero a la vez produjo el incremento de la segmentación en la oferta educativa (CASTILLO y MARTÍNEZ, 2018).

El miedo de las clases medias

El miedo de las clases medias en educación es un elemento central en la búsqueda de estrategias para que sus descendientes accedan a titulaciones que no supongan una pérdida de status. Además cuando los niveles socio-económicos inferiores ascienden de nivel educativo se vuelven a utilizar estrategias para que la selección del alumnado siga existiendo. Esto sucede en España con la LOGSE (1990) que reforzará la educación privada financiada por el Estado, tras el ascenso de la población con menor nivel socioeconómico y cultural. Con esta ley se amplía en dos años la educación secundaria obligatoria (16 años) y se reducen las ratios, recurriendo el gobierno socialista a un periodo transitorio para la ampliación y adecuación de conciertos a estas enseñanzas, produciéndose un incremento del 25% de la educación secundaria obligatoria privada desde el año 2000 al 2011 (FERNANDEZ MUÑIZ, 2012). Para los intereses del gobierno influye también el ahorro presupuestario que significa no crear centros escolares públicos, y además conforma a las clases medias, sin tener en cuenta las consecuencias para la segregación escolar y las dificultades que existen cuando se quiere echar marcha atrás y ampliar las escuelas públicas, como le ocurre actualmente a Chile (SOUTO, 2016).

Bourdieu distingue dos fracciones dentro de las clases medias en España, trasladable a otros países desarrollados: los más ricos en capital económico, que recurren con más frecuencia a centros privados y concertados; y los más ricos en capital cultural que acuden a más centros públicos o subvencionados. El primer grupo se despreocupa más de lo que pasa en la escuela, mientras que las familias segundas acompañan más en los deberes, vigilan la escolaridad, participan en las asociaciones de madres y padres de alumnos/as y vigilan las relaciones de sus hijos/as (MARTÍN CRIADO, 2017).

La escuela ya no es una garantía de futuro laboral o de diferenciación social, por lo que las clases medias y altas buscan que sus hijos e hijas, sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones…) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos, actividades suplementarias…), accedan a grupos homogéneos de élite y tengan más posibilidades de éxito. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social buscada por clases sociales altas y medias.

La segregación escolar no solamente incide en el aprendizaje de los estudiantes, sino que empobrece la educación socializadora, la convivencia y la integración social. No se puede construir una ciudadanía democrática creando escuelas de ricos y de pobres, la educación debe estar comprometida con la cohesión social y con los derechos fundamentales de la igualdad. No existe el derecho fundamental a la educación con el desarrollo de políticas que van en contra de la educación pública y a favor de la segregación escolar