Un amigo músico solía decir que cuando una partitura ya estaba escrita era cuando en realidad comenzaba el verdadero y eterno problema, el de ejecutarla e interpretarla.

Con su permiso y al hilo de esa consideración que creo puede hacerse extensiva a otro tipo de conceptualizaciones acotadas como por ejemplo las leyes educativas, me gustaría comenzar esta aproximación a la cuestión del Pacto Educativo explicitando el convencimiento, quizá exótico y estrictamente personal, de que las dificultades a la hora de firmar dicho acuerdo no se corresponden con un exceso de responsabilidad que atenace a los responsables sino a que mayoritariamente estos mantienen una concepción de todo el asunto diametralmente opuesta al sentido de la frase que encabeza este texto.

Parece que lo más importante y el objetivo principal es precisamente firmar la partitura y definir con ello un modelo teórico que controle, matice y condicione por completo y hasta el más mínimo detalle el futuro devenir y la posible interpretación y ejecución de toda la cuestión.

Sin embargo, para bien o para mal en este país y en materia educativa, la mayor parte de nuestras orquestas llevan ya muchos años tocando de oído e improvisando nuevas versiones a partir de las viejas melodías ante el convencimiento de que los compositores nunca van a ponerse de acuerdo ni en la letra ni en la música correspondiente con nuestro tiempo.

Esta situación ha generado una suerte de consecuencias tan previsibles como inevitables, por un lado la consolidación de una cultura académica de supervivencia a prueba de catástrofes y por otro, el florecimiento de innumerables y pequeñas bandas de Jazz que saben que nunca van a volver a formar parte de una gran orquesta sinfónica y que ya no mantienen en su imaginario esa perspectiva de logro profesional.

Nuestra memoria reciente guarda sin duda el recuerdo de las dos ocasiones en las que se ha apostado políticamente por intentar un gran pacto educativo en este país. Fue bajo las batutas de los ministros Gabilondo y Méndez de Vigo en 2010 y en 2017 y en ambos casos con posterioridad a la elaboración y aprobación de sendas leyes educativas, la LOE (2006) y la LOMCE (2013). Si bien el enunciado de las dos convocatorias señalaba como gran objetivo la elaboración acordada de un gran marco de acuerdo en materia educativa que sirviese para aglutinar esfuerzos y entusiasmos diversos y contrapuestos, la realidad de los debates giró inevitablemente en torno a la discusión respecto a las recientes leyes en vigor, bien en torno a su defensa o bien en torno a su crítica.

Con todo ello se generó una secuencia rítmica de aprobación, búsqueda de acuerdo y derogación, en la que parece que de forma casi melancólica (como si de un bucle se tratase), vamos a continuar inmersos en el futuro próximo. Creo que es muy difícil a estas alturas discernir entre tantas opiniones que cosa fue la que llevó a que cosa, si esos ejercicios de reflexión y de puesta en común fueron los que sirvieron de base fértil a la posterior re-elaboración legislativa o si solo fueron vanos e infructuosos intentos de refrendo de leyes de parte.

Más allá de consideraciones políticas al respecto de lo ocurrido considero que la cuestión más relevante después del fracaso de todos esos intentos es determinar si la comunidad educativa considera necesario y sigue esperando ese gran pacto de país que nos permitiría afrontar los retos conocidos y desconocidos a los que nos enfrentaremos o si, en realidad, está íntimamente convencida de que dicho pacto es del todo imposible y que seguirá condenada a seguir tocando de oído en los próximos cursos académicos.

La explicitación reiterada del planteamiento de búsqueda de un pacto y la frustración generada ante su no consecución puede llevar a la base de la comunidad educativa a interpretar esa palabra como el camuflaje de una estrategia complementariamente compartida de dilación de responsabilidades en los actores que reiteradamente anuncian su posible y necesario advenimiento. Si esta sospecha llegara a extenderse y se consolidara dentro de la cultura escolar, los costes y pérdidas a nivel de frustración y motivación serían incalculables.

Entretanto, el momento actual de pandemia en el que vivimos actualmente ha generado un contexto excepcional que ha tensado nuestro sistema hasta límites insospechados. En esta situación incierta y acuciante los gestores educativos han relegado los marcos normativos a un segundo plano y han buscado con rapidez y determinación la posible solución en el profesorado y en su autonomía, en la capacidad de coordinación horizontal de los equipos docentes, en las iniciativas y liderazgo de las direcciones de los centros educativos; han apostado por la flexibilización curricular, se ha acudido de forma instintiva y determinada a tecnologías y dispositivos de comunicación que antes estaban prohibidos en los centros para el alumnado, se han potenciado planteamientos diversos y alternativos y se ha aparcado coyunturalmente una rigidez estructural que claramente era percibida por todos como un obstáculo insalvable en tiempo tormentoso. Podría decirse que la necesidad ha servido para convertir en virtudes salvadoras aquellas capacidades de supervivencia bien entrenadas en la comunidad educativa tras años de falta de un rumbo cierto.

Lo llamativo es que todas y cada una de esas soluciones fueron enunciadas y propuestas infructuosamente por la mayoría de expertos convocados a tal fin en los sucesivos turnos de comparecencia en el senado y en el congreso de los diputados como base del posible pacto hace ya tres cursos académicos. Si se repasan las comparecencias puede seguirse un hilo argumental que dibuja una necesidad patente respecto a la autonomía, la confianza y la creatividad para con los actores que la epidemia ha obligado a plasmar y hacer efectiva a toda prisa.

Pero nada puede garantizarnos la pervivencia de ninguna de esas medidas una vez haya pasado esta tempestad. Conociendo los antecedentes corremos un riesgo cierto de desaprovechar esta oportunidad para consolidar esos cimientos en los que hemos buscado apoyo instintivo en tiempos de turbulencias y sobre todo, podemos desaprovechar la oportunidad de situar en el centro de la toma de decisiones aquellas cuestiones del todo inaplazables y sobre las que llevamos demasiado tiempo confrontando perspectivas y respuestas.

Repasando los temas asumidos como prioritarios por todas y cada una las sensibilidades llamadas a ese acuerdo se entiende muy mal haber concluido el trabajo sin una rúbrica compartida de objetivos y de calendario:

• Un marco de financiación que permita ampliar y renovar plantillas, con un nuevo planteamiento de ratios, metodologías y espacios educativos y asegurando el acceso y seguimiento de una educación de calidad con independencia del origen de partida a nivel socioeconómico.
• Un acuerdo respecto a cómo acabar de una vez con las tasas insostenibles de un fracaso escolar endémico ya en nuestro sistema.
• La transformación de un currículo escolar extenso y extensivo en una herramienta flexible y efectiva en la adquisición y construcción del aprendizaje.
• La situación de la convivencia, la equidad y la inclusión en una situación central en los proyectos educativos.
• La consolidación de un modelo de formación profesional eficaz y atractivo que conecte y dinamice nuestro sector productivo.
• El establecimiento de una carrera profesional formativa, articulada y progresiva para el profesorado.

Cuando hace tres años se desarrollaban las sesiones del denominado pacto educativo no éramos los únicos que abordábamos un necesario y acuciante replanteamiento en lo educativo, Portugal y Reino Unido daban entonces junto con nosotros los primeros pasos de un reajuste drástico con el horizonte urgente del 2020 como meta o límite. Llegados ya a ese punto las diferencias tanto en la metodología seguida como en los resultados obtenidos resulta completamente preocupante con respecto a nuestro país. Sería difícil llegar incluso a un acuerdo interno de comparación o ponderación asumido por las partes a la hora de establecer un análisis respecto a la evolución seguida en los tres casos lo cual y ya de por sí, dice mucho de nuestros problemas a la hora de conceptualizar debidamente quienes somos, que necesitamos y hacia donde queremos transitar.

Podríamos decir que en el momento del inicio del confinamiento habíamos desaprovechado ya media década respecto al planteamiento de todas esas cuestiones de urgente necesidad y que la situación sanitaria actual parece abocarnos a perder otros tantos años.

Sabemos que como sociedad necesitamos un marco de acuerdo en Educación pero parece que políticamente somos absolutamente incapaces de propiciarlo