No puede darse por hecha la posibilidad de un pacto educativo si no se abordan previamente las condiciones sociales, económicas, políticas y morales en las que viven los receptores del mismo, fundamentalmente el alumnado.

Cuando una cuestión grave como es el denominado pacto educativo se convierte, a fuerza de simplificar, en una obviedad que a priori se considera como necesaria e indiscutible, lo que debiera ser objeto de un tratamiento riguroso queda reducido a un problema menor.

Si, por el contrario, se hace un análisis previo del modelo de sociedad en la que dicho pacto pudiera plantearse han de aparecer en un primer plano categorías determinantes propias de una sociedad gerencial en la que priman elementos como la exclusión social o la desigualdad o la pobreza o la discriminación y el racismo o el imperativo de la eficacia y los resultados o la fiscalidad y su otra cara como los impuestos. En este enjambre (Han Biung-Chul, 2014) no es tan difícil suponer que toda tendencia social empeñada en considerar a “todos los hombres como humanos necesitados “( A. Chozas, 2004) se tope con múltiples efectos perversos que disimulan graves problemas de fondo que afectan a las democracias y las convierten en resortes débiles más sentimentales y emotivos y lejos de la necesaria racionalidad.

En un panorama afectado por un pensamiento débil, visual y grandilocuente, plagado de discursos meramente declarativos e ideas evanescentes y líquidas sobremanera (Z. Bauman, 2017) resulta inaceptable desde un mínimo rigor las propuestas nominales, de las que es un buen ejemplo el denominado “pacto educativo”. ¿En qué modelo social? ¿Desde qué situación de partida para los concernidos? ¿Qué condiciones son las primeras e inexcusables?

Sociedad “líquida”

A una sociedad “líquida” le corresponde un estado débil, unos servicios públicos (educación, entre los primeros) más que con graves carencias, utilizados como tapadera de una estructura implacable (H. Arendt, 2018) que reparte libertades, es decir, que las niega definitivamente.

Si aceptamos que, cuando menos, más de la mitad de esta sociedad global, más que estar en riesgo de subsistencia, está de hecho sumida por una radical desigualdad (M.J. Sandel, 2018) hablar de pacto educativo, dejando de lado y de forma irresponsable las condiciones primeras del mismo, no es más que una prueba que explica bien por qué precisamente han sido los llamados derechos sociales el “lugar” más debilitado de los derechos. Es vergonzoso que la Declaración de Viena sobre derechos sociales no se produjera hasta 1993.

Esta grave laguna producida conscientemente por los Estados que prefirieron cobijarse en las grandes solemnidades y declaraciones de derechos deja a la intemperie necesidades básicas primarias, ni concedidas, ni otorgadas, como la educación o la salud infantil o la pobreza estructural (A. Cortina, 2015) y menoscaban la sociedad de valores, tantas veces apelada como olvidada (E. Lledó, 2018).

Las revoluciones industriales, el capitalismo y el neoliberalismo han asentado bien el dominio de la debilidad, empezando por el Estado y sus instituciones, por los valores sociales y por las referencias de los “grandes derechos” que han servido de una extraordinaria coartada para el modelo social vigente gerencial y oligárquico a costa de dejar en precario otras demandas.

¿Vale, empeñarse, pues, en una pacto educativo, que soslaya esta realidad social? Cuando menos, parece de dudoso sentido ético.

La cuestión en buena lógica es preguntarse qué puede hacerse, qué paradigma social y económico sería preciso para que un posterior pacto educativo no se redujera a una propuesta cínica.

Es preciso concretar muchas demandas para alejarse de la retórica al uso. Habrá que recuperar los ideales de una ética mundial para sobrevivir, de un bien común que sea más común para los menos comunes, de una responsabilidad social que no se reduzca a medidas coyunturales (V. Camps, 2018) , de un cambio de esquemas que valore si es posible un contrato social es posible un contrato educativo, que es posible aplicar en las escuelas los mínimos de subsistencia, que es viable un rearme social y educativo, que no se trata de amurallar la escuela y así fortalecer la sociedad .

Contra la ceguera moral denunciada por Bauman es exigible más responsabilidad, más ética y menos política. Contra lo totalitario, la vergüenza ante el poder desmedido y el narcisismo de la oligarquías o la exposición permanente y frívola en las redes, que generan una hipercomunicación que destruye el silencia, como ha denunciado Byung-Chul.

Es cierto que simplificar en unas pocas ideas un problema complejo como el de una sociedad enferma crónica no deja de ser criticable, pero no lo es menos apelar a los grandes enunciados (el pacto educativo lo es) sin abordar, por un mínimo de honestidad intelectual, las condiciones en las que viven los posibles concernidos.

Cuando se crea facebook sus primeros artífices ya saben que afectarán a la vulnerabilidad humana y se olvidan de añadir que bien poco les importa, cuando Christian Bieber argumenta a favor de una economía del bien común los nuevos dueños del templo miraron sus ideas compasivamente. Cuando los dueños de la información crean espacios de impunidad para imponer sus verdades, es decir, sus intereses, porque para ellos informar no es comunicar, aunque sea una broma cruel, como ha escrito H. Arendt, o cuando se inventa el sofisma de la responsabilidad social corporativa como un hipócrita “manto moral” o cuando se arma una sociedad llena de ruidos que impiden y bien la discriminación nos alejamos de cualquier pacto educativo que no sea más que una excusa para la oligarquía política.

Aún es posible añadir más disfunciones que alejan el pacto educativo de su contextura social. El papel de los invasores informativos como editores de contenidos y opinión o el olvido de que la comunicación es el mejor antídoto para que no carguemos unos contra otros, como ha escrito H. Arendt o la bondad maltratada a la que se ha referido el profesor Lledó o el menosprecio de una ética mínima tan argumentada por A. Cortina o los mal disimulados ataques contra una ética de la responsabilidad solidaria, como escribiera K. O. Appel, son otros tantos argumentos que avalan la imposibilidad de un pacto educativo que no vaya sustancialmente precedido de acuerdos sociales sobre necesidades mínimas.

Un contrato social que haga posible un pacto educativo exige contenidos de un nuevo paradigma socioeconómico, una ética basada en derechos humanos como necesidades primeras que contemplen el derecho a tener derechos, el derecho a tener algo en común como la alimentación, la salud, el vestido la educación. A partir de estos compromisos, hablemos de pacto educativo que no sea reparto de intereses disfrazado por el lenguaje al uso, sino que incluso pueda presumir de virtuoso, recordando que desde los vedas y Confucio, pasando por Francisco de Vitoria, Kant y Adam Smith… la virtud es un ejercicio de razón. Escribió el maestro Bauman un hermoso libros sobre “extraños llamando a tu puerta”, pensando en la emigración. ¿Y los que ni siquiera pueden llamar? 

Lecturas
complementarias:

H. Arendt: La libertad de ser libre, Taurus, Madrid, 2018

M. J. Sandel: Justicia ¿Hacemos lo que debemos? De Bolsillo Ensayo, Barcelona, 2018.

H. Byung- Chul: En el enjambre, Herder, Barcelona, 2014

A. Cortina: Aporofobia. El rechazo del pobre, Paidós, Barcelona, 201

V. Campos: La fragilidad de una ética liberal, UAB ,2018

E. Lledó: Memoria de la ética, Debolsillo, Barcelona, 2018

Z. Bauman: Tiempos líquidos, Busquets, Barcelona, 2017

A. Chozas Los derechos humanos como práctica y necesidad social, Praxis sociológica, 8, Facultad de CC. Jurídicas y Sociales, UCLM, 2004