La Asamblea general de la ONU aprobó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006 y el Reino de España la firmó el 30 de marzo de 2017, publicándose en el BOE de 21 de abril de 2008, y en el del día siguiente la firma del Protocolo Facultativo.

Según el artículo 96, ap. 1 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento jurídico interno. Como casi siempre lo que se firma a nivel internacional con prisas, después se almacena en pausa. En 2011, se dictó la Ley 26/11 de adaptación normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad cumplimiento del Convenio. Tras otra pausa, el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre aprueba el texto refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad.

Este desarrollo legislativo apenas tuvo repercusión mediática y llegó sin intensidad a los ámbitos de su aplicación. Pero una madre gallega denuncia ante la ONU el incumplimiento de la Convención en materia de inclusión educativa por la decisión de un centro educativo y de la Administración Educativa de derivar a su hijo a un Centro de Educación especial. La noticia es recogida por los medios como tal y sin más. Pero en septiembre de 2014, el Comité de la ONU recibió información de personas y organizaciones que alegaban violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención, “las personas con discapacidad tienen derecho a la educación y que, correlativamente, los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción” y en el párrafo 1 del mismo artículo” los Estados partes deben garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua así como las actividades extraescolares y sociales.

En enero de 2015 el grupo de trabajo del Comité de la ONU consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del artículo 24. Pidió Información al Estado que presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015.

Del 30 de enero al 10 de febrero dos miembros del Comité visitan Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga; entrevistan a más de 165 personas, entre funcionarios del Gobierno central y de las 17 autonomías, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, profesores, académicos, magistrados, abogados.

El informe tanto en su proceso como en las conclusiones es impecable, pero demoledor. Su publicación desata una fuerte crítica y descalificación hacia la ONU, el Ministerio de Educación y el CERMI. La noticia de que el Ministerio de Educación iba a sacar a 35.000 alumnos de centros de educación especial para llevarlos a centros ordinarios, incendió las redes sociales con posturas de todo tipo, pero poco informadas. La información y debate son absolutamente necesarios.

FEAE Madrid ha organizado las Jornadas por la Inclusión en el mes de enero, las Miradas al Aula, en el mes de abril; y en el mes de mayo participó en la Reunión de Interfórum de Centro y Sur, en Toledo para avanzar en la inclusión educativa. En nuestra página web feaemadrid.jimdo.com, están los trabajos de estas Jornadas y documentos relacionados. En el necesario debate serio sobre un tema tan importante y trascendente, contribuiremos.