La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) afirma que cualquier niño o niña con una discapacidad deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autosuficiencia y faciliten la participación en la comunidad. Actualmente la provisión personalizada de apoyos educativos es considerada uno de los elementos claves para lograr la participación, inclusión y bienestar. Dichos apoyos deben comenzar a implementarse en los primeros años de vida e ir evolucionando de manera flexible con el propio desarrollo de la persona a lo largo de todo el ciclo vital.

En España, la educación del alumnado con diversidad funcional debe seguir los principios de normalización e inclusión y ofrecer respuesta desde el entorno más próximo y de la forma menos restrictiva posible a las necesidades del alumnado, procurando la debida atención a la diversidad.

En los centros educativos se produce un desarrollo integral de los estudiantes, por lo que las evaluaciones de necesidades para implementar los apoyos no deberían limitarse al aprendizaje académico sino también a un aumento de la participación y la calidad de vida del alumnado con diversidad funcional.

Los apoyos educativos son un universo de recursos y estrategias que mejoran el bienestar y el rendimiento del alumnado con diversidad funcional en el aula. Garantizan una participación efectiva y satisfactoria, superando la mera presencia. Para garantizar su efectividad y eficiencia es necesario implementarlos de forma ajustada a cada persona en cada contexto y momento concretos.

Para predecir las necesidades de los apoyos han de considerarse no solo las competencias emocionales y personales, sino también el papel que juega el contexto (el número y la complejidad de los entornos y actividades en los que la persona participa).

La planificación individualizada y personalizada requiere una inversión significativa de tiempo. El modelo de Thompson et al.(2009) establece cinco componentes:

1) Iden tificar las experiencias y metas que desea la persona con diversidad funcional. El objetivo es descubrir qué es importante para ella, dando cabida a sus sueños, sus preferencias y sus intereses para intentar que pueda llevarlos a cabo en ambientes normalizados con ayuda de familiares, compañeros y compañeras y docentes en el aula.

2) Determinar el perfil y la intensidad de las necesidades de apoyo educativo a través de una evaluación objetiva, específica y rigurosa de estas necesidades con el empleo de herramientas estandarizadas.

3) Desarrollar un plan individualizado y personalizado. Se trata de diseñar un plan optimista y realista que identifique y especifique los contextos y actividades, así como la intensidad de los apoyos educativos.

4) Supervisar el progreso para saber hasta qué punto el plan se está aplicando, planificando reuniones sistemáticas para valorar la congruencia entre lo que fue programado y lo que ha sucedido. Se debe articular un sistema flexible para implementar modificaciones a medida que las personas crecen y sus intereses cambian.

5) Examinar a partir de los resultados personales si se están cumpliendo las metas deseadas, fomentando prácticas basadas en las evidencias.

En la descripción del modelo se aprecia que uno de los elementos fundamentales es la evaluación objetiva de las necesidades, utilizando herramientas estandarizadas que aporten una información cuantitativa y cualitativa que facilite la reflexión para planificar apoyos individualizados.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 71 que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley.

En Cantabria se ha publicado recientemente la Resolución de 10 de mayo de 2024, para concretar las necesidades específicas de apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación psicopedagógica (BOC de 20 de mayo de 2024). Ofrece modelos comunes que facilitan la aplicación de las medidas para mejorar la atención educativa al alumnado, desde un modelo inclusivo para el sistema educativo cántabro, basado en los principios de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso, participación, permanencia y aprendizaje de todo el alumnado.

Esta Resolución permite el desarrollo de un modelo pedagógico cada vez más inclusivo que facilite que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus competencias dentro de un marco de equidad.

Establece que para la categorización de las necesidades educativas especiales del alumnado se requiere un diagnóstico clínico, salvo para la discapacidad intelectual. Esta concreción ha despertado un debate en las orientadoras y orientadores educativos cántabros. Para valorar esta cuestión ha de tenerse en cuenta la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, LOPS). Esta ley es crucial porque regula las profesiones sanitarias en España, estableciendo los requisitos para la formación, el desarrollo y las competencias de los profesionales sanitarios. Bajo esta ley, los psicólogos clínicos son reconocidos como profesionales sanitarios. La ley también define el sistema de formación especializada (como el PIR para psicólogos clínicos) y los criterios para la acreditación profesional. Por tanto, podrán realizar un diagnóstico al igual que los psiquiatras y neurólogos.

Corresponde a los orientadoras y orientadores escolares establecer las necesidades específicas de apoyo educativo. La categorización del alumnado conforme a sus necesidades específicas de apoyo educativo se sustenta en la consideración de las ayudas que el alumnado precisa para avanzar en el currículo y en su desarrollo personal, por lo que debe ir emparejada a la necesidad de ajustes en el ámbito educativo, de acuerdo con sus características biológicas, psicológicas o sociales.

La citada resolución considera que tener un diagnóstico clínico no implica necesariamente que el alumno o alumna presente necesidades específicas de apoyo educativo ni que deba asociarse a un nivel de apoyos determinado. Por tanto, el alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo solo si tiene necesidades que le impidan acceder, permanecer o promocionar dentro del sistema educativo. Serán estas las que determinen las medidas educativas a adoptar y, en su caso, la intensidad de los apoyos especializados para que pueda afrontar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje.

Establece tres niveles de intensidad de los apoyos a adoptar con el alumnado para su inclusión educativa y social: alto, medio y bajo, que serán concretados en los informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización.

Los apoyos los realizarán todos los profesionales de los centros educativos, no solo el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Da al centro educativo la autonomía para decidir qué profesionales atenderán a cada alumno o alumna, según el contexto y la situación personal independientemente del nivel de apoyo que se haya establecido.

Como complemento a esta Resolución, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha publicado unas Instrucciones para la asignación de recursos de profesorado especializado (PT y AL) a los centros. Establece una dotación estándar para todos los centros en función del número total de alumnos y alumnas del centro y el porcentaje de alumnado diagnosticado con necesidad específica de apoyo educativo. Es la primera vez que en la Comunidad Autónoma de Cantabria se establecen unos criterios de asignación de recursos de profesorado especializado, respondiendo así a una demanda de la comunidad educativa.

La utilización de estos criterios genéricos conlleva una concepción de atención a la diversidad en la que se incluye a todos los profesionales que trabajan en los centros educativos. Por tanto, los apoyos pueden ser realizados por cualquier docente. Se considera que, en una distribución normalizada de la población, es precisa una atención a la diversidad, por lo que, para esta adjudicación estandarizada, el centro no precisa aportar los informes psicopedagógicos.

Se ha establecido también un procedimiento y unos criterios para que los centros soliciten un incremento de esta dotación básica, en caso de ser necesario. Para ello, las direcciones de los centros aportarán a la Administración, además de los informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización, la documentación que acredite la organización de los apoyos especializados que desean implantar. Para valorar esta solicitud, se establecen unos criterios objetivos que determinarán si se concede un aumento de los recursos de personal especializado, considerando el número absoluto de alumnos y alumnas que requieren de apoyos especializados, el número de horas asignadas en función de si es un apoyo de intensidad media o alta y la propia organización de los apoyos, según sea necesaria una atención más individualizada o agrupada.

Con la nueva dotación el centro dispondrá de autonomía organizativa para llevar a cabo los apoyos educativos. Los criterios constituyen un referente para proceder a una asignación con equidad de los recursos de personal entre los centros educativos. Se trata no solo de dar una respuesta eficaz a las necesidades educativas del alumnado, si no hacerlo con una distribución y un uso eficiente de los recursos, de tal modo que se asegure la sostenibilidad en el tiempo del sistema educativo, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas necesidades que puedan surgir.