Todo el mundo sabe algo de la Guerra Civil española (1936-1939). Quien más quien menos tiene referencias de la II República y de la posterior dictadura franquista. Sabemos que el régimen persiguió a quienes sostenían ideologías distintas y que miles de personas sufrieron exilio, represión o silencio forzado. Sin embargo, sigue siendo menos conocido un aspecto fundamental de esa represión: la depuración sistemática del magisterio. ¿Cuántos docentes conocen en detalle el alcance de aquel proceso que transformó radicalmente la enseñanza en España?

Los gobernantes de la II República, una vez iniciada la guerra, ordenaron a las instituciones iniciar procesos de investigación entre el funcionariado que estaba demostrando ser simpatizante con las tropas sublevadas franquistas en aquellas provincias que aún no habían sido conquistadas por las mismas. Los procedimientos seguían un protocolo, se creaban unas comisiones, el personal señalado tenía derecho a defenderse y si se demostraba que era contrario a los principios republicanos se le suspendía de empleo y sueldo.

Ahora bien, a medida que el levantamiento militar contra la república fue conquistando provincias se constituyó la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán. Esta Comisión funcionó hasta que en 1938 se formó el primer Gobierno de Franco en Burgos y se creó el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en contraposición con el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes existente. El primer ministro fue Pedro Sainz Rodríguez. La línea política de este nuevo Ministerio no variará sustancialmente de los planteamientos iniciados por la Comisión de Cultura y Enseñanza.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 11 de noviembre de 1936, cinco meses después del levantamiento, la Comisión promulga el Decreto número 66 con el siguiente texto:

“El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos por que atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria!”.

Este decreto no fue un episodio aislado, sino el punto de partida de un proceso represivo planificado que afectó a miles de docentes y que tuvo consecuencias duraderas en la estructura educativa del país.

Ahí empieza la labor represiva hacia el personal docente de todos los niveles y dependientes de todos los organismos tanto públicos como religiosos. Los nuevos gobernantes no solo pretendían eliminar todas las reformas educativas llevadas a cabo por el Gobierno republicano (educación laica, coeducación, metodologías más innovadoras, planes de estudios de las Escuelas Normales…) sino que buscaban hacer una limpieza radical entre el personal docente.

Para ello se fueron creando en las provincias conquistadas Comisiones Depuradoras en Ayuntamientos, Diputaciones…con una Comisión Central. Todo el funcionariado nacional, provincial o municipal fue destituido, a excepción de aquel personal que previamente hubiese demostrado una clara adhesión a los principios del Movimiento o que hubiese sido reprimido por las autoridades republicanas o el Gobierno de Euzkadi. Por tanto, se puede hablar de una depuración UNIVERSAL en la que cada persona expulsada de su trabajo era sospechosa y disponía de un periodo corto (entre diez días y un mes según la institución) para demostrar su inocencia, su falta de adhesión a partidos, sindicatos o asociaciones de izquierdas o nacionalistas, su simpatía por grupos o asociaciones religiosas…

Todo ello mediante escritos de autodefensa o avales de párrocos, alcaldes, vecinos de reconocido prestigio o responsables de la FET-JONS o de la Guardia Civil. En palabras del historiador Aritz Ipiña Bidaurrazaga era la justicia al revés. Dichos procesos se fueron iniciando en 1936 y, en algunos casos, duraron hasta los años 60 sin disponer de las más mínimas garantías procesales. Y no solo se limitaron al personal en activo, sino que también se vio afectado el personal pasivo, es decir, las viudas y los hijos del personal “desafecto” a quienes privaron de pensiones y becas.

Todo este proceso represivo formó parte de un programa más global que pretendía un clima de sometimiento en todas las capas de la población para poder imponer un orden político, económico y social del Nuevo Estado: la supresión cultural y la conversión forzosa.

Tras haber llevado a cabo una depuración tan extrema, los gobernantes del bando nacional se dieron cuenta de que faltaban docentes para cubrir todas las necesidades de enseñanza del país y fueron decretando órdenes en las que se aconsejaba algo de prudencia en la resolución de los expedientes. En 1938 (BOE nº 516) se dictaminó que “todos los maestros propietarios suspensos de empleo y sueldo, cuyos expedientes respectivos no han sido objeto aún de resolución definitiva sean repuestos inmediatamente en las escuelas, siempre que la sanción propuesta por las comisiones depuradoras correspondientes no sea de separación definitiva”. A pesar de esta resolución, un mes más tarde matizaron el decreto señalando que no se les readmitiría hasta no estar resuelto el expediente.

A medida que se iban resolviendo los expedientes, especialmente de los considerados “afectos” se fueron integrando en sus respectivos centros educativos. Pero ahí no terminaba el proceso de selección y de control. Era necesario adoctrinar. Como señala el historiador Francisco Morente, en el verano de 1937, la Comisión de Cultura y Enseñanza convocó en las provincias conquistadas unos cursillos de perfeccionamiento del magisterio. Los temas eran: la Religión, la Patria, el Hombre y el Maestro. No solamente se buscaba el adoctrinamiento político, sino que se quería cambiar el sistema pedagógico existente por unas nuevas directrices ético-pedagógicas. Aunque la asistencia no era obligatoria, sí se anotaba en la hoja de servicios recibiendo puntos para las oposiciones, los traslados…

En este contexto, en 1945 Franco se dirige así a los maestros y maestras de Primaria en los siguientes términos:

“Maestros, sois vosotros los que tenéis que cultivar los ideales nacionales, y a los que os corresponde la misión extraordinaria y sagrada de forjar la grandeza de España …De vuestro sacrificio, de vuestro entusiasmo, de vuestra consagración a la tarea de ofrendar a España una nueva generación estudiosa de escolares depende en último grado este glorioso resurgir de nuestra cultura”.1

Según Morente es difícil saber el número exacto de docentes que había en España en esos momentos, ya que el último censo se había realizado en 1935, pero de acuerdo con los datos recogidos por este investigador, hubo alrededor de un 70% de maestros y maestras que pasaron por las Comisiones Depuradoras. Un hecho que fue considerado idóneo a los estrictos y reaccionarios ojos de las autoridades franquistas. Por tanto, entre un 25% y un 30% sufrió algún tipo de sanción, lo que traducido en números pudieron ser entre 13.000 y 16.000 docentes. De entre todos ellos, hubo entre un 10% y un 15% que fueron separados del servicio y dados de baja en el escalafón, lo que pudo afectar a entre 5.000 y 8.000 personas. El resto sufrió otro tipo de castigos: traslados a otras localidades o regiones, bajadas en el escalafón, jubilaciones forzosas…

La pertenencia a partidos o sindicatos socialistas, comunistas, anarquistas o nacionalistas, también llamados “separatistas”, estuvo muy penalizada por asociarlos con la República. Aunque en ese sentido no diferenciaron entre hombres y mujeres, sí se ha podido comprobar que, en general, las maestras tuvieron menos castigos que sus compañeros varones.

Uno de los principales principios que se esperaba del personal docente de todos los niveles era la ejemplaridad. Por ello, algunas de las conductas especialmente penalizadas fueron: el haber contraído matrimonio civil fue muy castigado, el haber colaborado con las colonias escolares durante la guerra o en la evacuación de niños y niñas al extranjero fue considerado de especial gravedad. Otros elementos que podían ayudar a inclinar la balanza en contra fueron los aspectos morales tales como la existencia de riñas familiares, el alcoholismo, haber frecuentado ambientes poco apropiados para un maestro, haber tenido hijos fuera del matrimonio o la sospecha de mantener relaciones no estando casada en el caso de las maestras…La mirada patriarcal y paternalista pudo favorecer el resultado en los expedientes de muchas mujeres, aunque muchas fueron castigadas.

Respecto al nivel de represión ejercido en las diferentes provincias españolas, la primera provincia más castigada en el proceso de depuración fue Asturias, Bizkaia fue la segunda y el tercer lugar lo ocupó Barcelona.

Evidentemente la represión no se quedó solo en las personas, sino que se extendió a los libros de texto y a las bibliotecas escolares y públicas llevándose a cabo una gran expurgación. Por otra parte, sabemos que las metodologías innovadoras provenientes de Europa (Freinet, Decroly, Montessori…) habían ido extendiéndose desde el siglo XIX por determinados centros educativos, especialmente privados y urbanos y no tanto en el mundo rural. Sin embargo, una vez que la ideología franquista penetró en todos los centros escolares la metodología que más predominó fue la disciplina y el castigo. Evidentemente, seguro que habría habido excepciones. Las consecuencias, ya conocidas, fueron un magisterio sumiso y despolitizado con miedo a que se le abriera un expediente. No cabe duda de que la enseñanza en España retrocedió varios siglos.

La ingente documentación que generaron todos estos procesos depurativos, durante tantos años, está archivada fundamentalmente en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA) y en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

Este proceso fue generalizado por lo que en cada pueblo y en cada ciudad de España se pueden encontrar casos de maestros o maestras, profesorado de secundaria o docentes de las Escuelas Normales que sufrieron dicho proceso de depuración.

Como he señalado en unos párrafos anteriores, Bizkaia fue la segunda provincia de España más castigada. Una de las razones por las que sucedió así en casi todas las provincias del País Vasco fue la existencia de partidos, sindicatos y asociaciones de ideología nacionalista y, por tanto, la pertenencia o afiliación de muchos ciudadanos y ciudadanas a los mismos. En ese sentido, los maestros y maestras que más suspensiones de empleo sufrieron en Bizkaia fueron los pertenecientes a las escuelas de barriada dependientes de la Diputación, por ser considerados, en mayor cantidad, nacionalistas o “separatistas”.

En este contexto general se sitúa el caso de Basauri, que permite observar en escala local cómo operó la maquinaria depuradora y cuáles fueron sus efectos concretos sobre la comunidad educativa.

Basauri, en 1936, contaba con una población de más de 10.000 habitantes. Hay tres escuelas nacionales, dos de barriada2, dos municipales y dos colegios privados religiosos, donde ejercían la docencia alrededor de 40 maestros y maestras de primaria.

En la investigación realizada por mí, he podido descubrir que de los quince maestros municipales al 80% se les repuso en el cargo; de los diecinueve maestros nacionales un 64% fue confirmado en su puesto y considerado hábil para la enseñanza. Ahora bien, además de una maestra nacional que se exilió con los niños, tres maestros sufrieron cárcel, varios fueron suspendidos de empleo y sueldo, de los cuatro maestros de barriada varios sufrieron bajadas en el escalafón o cambios de escuelas y entre las cinco maestras del centro religioso una no volvió a ser contratada al acabar la contienda en Bizkaia.

El caso de Basauri, lejos de ser excepcional, refleja en escala humana el alcance de una política que transformó la educación española durante décadas. La depuración del magisterio no solo eliminó docentes: instauró un clima de miedo que condicionó generaciones enteras y dejó una huella profunda en la memoria educativa del país.