La aplicación de la LOMLOE debe ser una oportunidad para la negociación de mejoras en la educación pública de la Comunidad de Castilla y León. Dejar atrás una Ley como la LOMCE (una ley retrógrada, segregadora y sectaria) es motivo de ilusión ante la apertura de un nuevo tiempo, pero también de preocupación ante las cuestiones que no ha recogido y deja en manos de las CCAA.

No incluir ningún aspecto referido a la reducción de las ratios por aula en las diferentes etapas, que se mantienen desde la promulgación de la LOE en 2006, o no recoger ninguna mejora para el profesorado como la reducción del horario lectivo o no asegurar la laicidad, hace que sintamos que se ha perdido una oportunidad para acercarnos a los modelos educativos de los países de nuestro entorno.

Esta ley educativa nace con controversia como las anteriores y sumida en una escasa negociación con la comunidad educativa. Las protestas que han realizado algunos sectores durante su tramitación y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular no garantiza una continuidad en algunos de sus planteamientos y nos genera dudas

La implantación de la nueva ley en nuestra comunidad ya ha sufrido una demora en uno de sus aspectos esenciales. Para garantizar la no aplicación de la LOMLOE en lo referido a la admisión de alumnado, la Consejería publicó de forma anticipada (en diciembre de 2020) la resolución del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes.

De este modo han demostrado que no estaban dispuestos a abordar este curso una modificación de la normativa para actualizar algunos de los aspectos más dañinos para la educación pública en nuestra comunidad. La eliminación del distrito único, la modificación de las comisiones de garantías (llamadas ahora comisiones de escolarización), la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o el desarrollo de medidas para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas estableciendo una proporción equilibrada entre todos los centros del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo tendrían que haberse aplicado este curso.

Con esta batería de medidas la LOMLOE intenta corregir la distribución del alumnado más desfavorecido entre las redes pública y privada concertada que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. La modificación de los apartados uno y dos del artículo 87 implica que las comunidades deberán establecer” una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”.

Que las actividades extraescolares o complementarias de pago no puedan ofertarse en horario escolar también será una cuestión que implique un mayor control de lo que se oferta en los centros privados concertados, que utilizan en muchas ocasiones esta estrategia para seleccionar a su alumnado.

La creación de comisiones u órganos de garantías que velarán por el proceso de admisión y a la que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a su alumnado.

Estas comisiones supervisarán el proceso de admisión del alumnado, el cumplimiento de las normas que lo regulan, especialmente las relativas a evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas.

Velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación será una de las principales tareas de estas comisiones y de los representantes de las organizaciones sindicales que representan al profesorado de la enseñanza pública. Esta nueva ley trata de influir en el reparto de alumnado entre todos ellos.

Facilitar la participación en estas comisiones u órganos no sólo de la Administración educativa sino implicar también a la Administración local, las familias, el profesorado y el alumnado en su caso, tanto de los centros públicos como de los privados concertados, promoviendo la representación equilibrada de mujeres y hombres es uno de los aspectos a mejorar. La implicación en las comisiones de garantías de las administraciones locales será determinante a la hora de definir qué ciudades quieren para sus ciudadanas y ciudadanos, teniendo en cuenta que la segregación residencial también influye en la segregación educativa.

Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos, aunque se debe garantizar que no existan centros segregados como los que actualmente están incluidos en el denominado Programa 2030 y que están consolidando la segregación de alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorecidas. En este sentido el Procurador del Común ha dictado una resolución de oficio sobre “Segregación escolar en Castilla y León” (Procurador del Común de Castilla y León, 2021) en la que insta a la Junta a ”ponga en marcha una estrategia dirigida a la efectiva eliminación de la segregación escolar”. En sus 58 páginas aborda de forma exhaustiva la problemática derivada de la existencia de centros con “evidentes problemas de segregación por la concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa”. Como recoge en su página web “la Defensoría ha dirigido una Resolución a la Consejería de Educación para proponer una estrategia orientada a la efectiva eliminación de la segregación escolar en Castilla y León, con una perspectiva subjetiva que acoja todos los colectivos de alumnado en situación de desventaja, con independencia de las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan precisar”.

La negociación de la normativa de admisión es fundamental para potenciar la enseñanza pública y para evitar la segregación y será un reto lograr que en esta comunidad se apliquen las garantías del artículo 86 y tendremos que esperar al curso 2022/2023 para su implantación.

Uno de los grandes objetivos de esta nueva ley es “aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población”. Esto es, intentar mejorar el nivel competencial y garantizar la detección precoz de las dificultades reforzando la autonomía de los centros educativos. Conciliar la calidad y la equidad.

Como decíamos evitar la segregación del alumnado reforzando la capacidad inclusiva del sistema es otro de los grandes objetivos marcados. Por este motivo propone también prestar un interés particular a la escuela rural, como siempre hemos priorizado mediante la creación de un “subsistema educativo rural” que permita afrontar las carencias y potencialidades de una forma particular. Las características específicas de nuestras pequeñas escuelas unitarias y Centros rurales agrupados (C.R.A.) definen en gran medida la educación de nuestra comunidad y hace que valoremos muy positivamente que esta ley lo haya recogido de forma explícita.

Es imprescindible aprovechar el gran trabajo que se está realizando en nuestras escuelas rurales, aplicando metodologías de enseñanza que inciden directamente en la mejora de la atención a la diversidad del alumnado y permiten trabajar aspectos que en esta ley se recogen. Seguir avanzando en la coeducación, la educación para el desarrollo sostenible y la emergencia climática permitirá un impulso decidido a la educación en las zonas rurales.

La pandemia de COVID 19 ha despertado la curiosidad y el interés por el mundo rural que podría revertir, en parte, la despoblación a que se ha visto sometida durante años nuestra Comunidad y abrir la puerta al mantenimiento y la apertura de nuevas aulas en este entorno.

Como recoge Save de Children en su informe Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro , (Ferrer & Gortazar, 2021), “en los últimos años, la segregación escolar se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España” Consideran que es necesario ayudar a las familias a elegir un centro escolar por su proyecto educativo en lugar de generar un efecto de “huida” de los centros más próximos a su domicilio. En este sentido con la implantación de los Centros 2030 en Castilla y León se ha ido ampliando en número los centros que están siendo incluidos en este catálogo de “centros segregados”.

Otro aspecto que influirá decisivamente en la escuela de Castilla y León es el incremento de las plazas públicas en el primer ciclo de educación Infantil. Si no se logra una apuesta decidida que evite la concertación de la etapa o el modelo de “cheque escolar”, que conocemos de otras comunidades, la escuela pública tendrá serias dificultades en nuestras ciudades. Las últimas noticias son que el Gobierno prevé invertir 670,99 millones de euros de los fondos europeos en la creación de un total de 65.382 plazas de titularidad pública del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) entre 2021 y 2024, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas y presentado el 5 de mayo.

La inversión se realizará durante los primeros cuatro años con el fin de mejorar las infraestructuras de centros educativos ya existentes y la creación de otros nuevos, así como financiar los salarios de las y los profesionales. Posteriormente serán las administraciones educativas quienes deberán hacerse cargo con sus presupuestos ordinarios.

Defendemos la negociación en el marco de la Conferencia Sectorial de educación de los fondos de cooperación territorial, pero mucho nos tememos que el uso de los mismos en nuestra Comunidad facilite el desvío de esos fondos hacia la concertada. El Gobierno debe fijar unos criterios firmes para la creación de plazas públicas en esta etapa educativa tan importante. Debe contribuir al incremento de plazas públicas e impedir, a toda costa, que se traduzca en un mayor volumen de concertación, como ya sucedió con la publicación de la LOE con el segundo ciclo de Educación Infantil.

En este momento existen 31 Escuelas Infantiles que dependen de la Junta de Castilla y León frente a 407 que corresponden en entidades locales. La implementación de este programa será decisiva para fijar población en nuestras zonas rurales, mejorar la conciliación familiar, avanzar en la escolarización temprana de todo el alumnado sin discriminación por razones socioeconómicas y, por supuesto, seguir apoyando a la Escuela Pública que es quien ha sufrido en mayor medida los recortes de estos últimos años.

Hasta el momento la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no ha planteado ninguna propuesta para la implantación de la LOMLOE, a pesar de la exigencia por parte de las organizaciones sindicales pues afectará de lleno a las condiciones laborales del profesorado.

Estamos preocupados y expectantes por la respuesta de nuestra administración educativa que ya ha ido demorando su aplicación y posicionándose en frente durante su trámite legislativo