Al finalizar el curso pasado, las Cortes de Aragón decidieron tomar en consideración el Proyecto de ley de participación de la comunidad educativa en los centros docentes de Aragón. Un texto que resulta novedoso, ya que sería, en caso de aprobarse, la primera ley autonómica que regule la participación de los principales agentes educativos en el ámbito escolar. Antes de llegar como proyecto al parlamento regional, las propuestas y los proyectos sobre participación en los centros educativos han seguido un largo y complejo recorrido, que ha acabado materializándose en el texto presentado a las Cortes, que previsiblemente será enmendado y discutido para su aprobación, si procede en los próximos meses.

En educación, hay ciertos principios democráticos que son esenciales para garantizar el derecho a la educación de la infancia y juventud. La participación es imprescindible y conlleva una importante implicación. La institución educativa necesita la participación de la comunidad educativa como modelo de colaboración y de suma de esfuerzos. Además, para que sea efectiva, la participación debe dirigirse a la toma de decisiones y orientarse al logro. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que aunque la participación se impulsa, se practica y se educa, no se puede imponer.

En diciembre de 2019 el Consejero de Educación encomendaba al Consejo Escolar de Aragón la elaboración de un informe sobre la participación de la comunidad educativa, un informe que contemplara tanto el análisis de la situación como propuestas que pudieran incluirse en una futura norma con el fin de favorecer y mejorar la participación de los diferentes sectores.

El Consejo puso en marcha una Comisión específica para desarrollar la tarea que comenzó su actividad a principios de 2019 y vio interrumpida su actividad poco después, en el mes de marzo por la pandemia de la Covid-19 y en especial por el confinamiento. En octubre recuperó su actividad y en enero de 2021 el pleno aprobaba un Informe que ponía el acento en aspectos como el desarrollo de una cultura participativa en el ámbito escolar que pudiera trascender posteriormente a la sociedad, la comprensión de la participación en un sentido amplio, la representación en diferentes órganos, el reconocimiento y el papel que cada uno de los sectores jugaba y podía jugar (docentes, familias, alumnado, profesionales, entidades locales, comunidad ampliada…) haciendo especial énfasis en la participación del alumnado tanto en sus aprendizajes como en la organización y la vida de los centros.

Posteriormente, un equipo formado por docentes de diferentes ámbitos elaboró un primer borrador de la Ley que fue presentado al Departamento y que continuó un complejo proceso participativo con consultas públicas y procesos deliberativos en grupos de trabajo en el laboratorio LAAAB (el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto) y órganos consultivos (entre ellos de nuevo el CEA) hasta que fue aprobado en Consejo de gobierno y presentado a la mesa de las Cortes.

El texto (que se puede leer en el siguiente enlace) actual que previsiblemente será modificado en este último trámite, se articula en torno a la participación educativa asentando principios y conceptos básicos. Entre ellos, qué se entiende por participación educativa, la cultura participativa, los posibles niveles de participación y toma de decisiones, y también la evaluación de la participación. Aborda así mismo la importancia de la información y la comunicación, plantea la formación de toda la comunidad educativa en la participación, la educación para la participación, así como la organización, procesos y estructuras de participación. Entre las novedades encontramos la participación del alumnado de primaria en el consejo escolar de los centros.