Si tomamos como premisa lo que postula Walter Benjamín (1985) de que es “necesario cepillar la historia a contrapelo”, entonces, es necesario avanzar en el ámbito de la competencia por proyectos. Así, se reitera la defensa de una concepción de educación que se constituya como práctica social: una actividad humana e histórica que se define en el conjunto de las relaciones sociales, en el enfrentamiento de los grupos o clases sociales, siendo ella misma una forma específica de relación social. El sujeto de los procesos educativos aquí es el niño en sus múltiples y históricas necesidades (materiales, biológicas, psíquicas, afectivas, estéticas y lúdicas) (FRIGOTTO, 1999, p. 31). También implica la defensa de una educación infantil con efectividad social y compromiso con una gestión pública que atienda a los principios del derecho a la educación para todos. Por lo tanto, es necesario replantear una lógica que tenga como principio ‘una perspectiva de construcción de derechos en el campo de las políticas articuladas’, presuponiendo lo siguiente:

a) Agenda de democratización del acceso:

Articulación y planificación estratégica entre municipios cercanos, con el fin de mapear la demanda efectiva y acciones coordinadas que fortalezcan el régimen de colaboración y el cumplimiento de las metas y estrategias de esta etapa de educación.

Creación de un observatorio de la educación infantil centrado en el monitoreo anual del número de matrículas en esta etapa, para evaluar la demanda reprimida por edad y regiones de la ciudad, con miras a la reajustar la oferta de plazas.

Creación de mecanismos de divulgación de la demanda y del proceso de matrícula, así como de las listas de espera, si las hay, haciéndolos más transparentes para la sociedad y susceptibles al control social, evitando la reproducción de prácticas clientelistas y antidemocráticas en las políticas públicas de educación infantil.

b) Educación infantil y combate a la exclusión social:

Construcción de políticas públicas orientadas al derecho de todos los niños a la educación infantil, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad y exclusión, con el objetivo de abordar las desigualdades socioeconómicas.

Fortalecimiento de políticas públicas en educación infantil que aseguren la articulación de acciones entre educación, asistencia social, salud y protección a la infancia para atender a los beneficiarios de programas de transferencia de ingresos.

Cumplimiento de indicadores de calidad de la educación infantil que se centren en la educación de las relaciones étnico-raciales, educación ambiental, prácticas y experiencias de Derechos Humanos, entre otros.

c) Expansión con calidad socialmente referenciada:

Política clara de expansión de la red pública, además de la previsión y definición, en régimen de colaboración entre los entes federados, de metas de expansión según el estándar nacional de calidad.

Construcción y reestructuración de unidades públicas de educación infantil basadas en parámetros objetivos que alcancen los estándares de calidad ya definidos para esta etapa de educación.

Definición de un proyecto de expansión y no de medidas paliativas como forma de atención improvisada e inadecuada.

Ampliación de la oferta en la red pública, priorizando la educación infantil y su expansión física, material y de personal.

d) Gestión de los recursos financieros

Construcción de políticas públicas de gestión más descentralizadas y que reafirmen la autonomía de las instituciones educativas para la gestión de los recursos destinados a la educación infantil.

e) Identidad y articulaciones

Fortalecimiento de una propuesta de educación infantil en la que se reafirme su identidad con enfoque en la unidad identitaria de la guardería (niños de cero a tres años) y el preescolar (niños de cuatro a cinco años). El municipio debe tener una política y una propuesta que permitan el fortalecimiento de los Centros Municipales de Educación Infantil como espacio y locus de la educación de los niños de cero a seis años.

Creación de mecanismos y agendas de diálogo permanente con la ciudad, con el fin de reafirmar la educación infantil y su finalidad: desarrollo integral del niño hasta los seis años, en sus aspectos físicos, psicológicos, intelectuales y sociales.

Garantía de acceso y permanencia en la educación infantil en la red municipal, a tiempo completo y en una concepción integrada de la educación, para todos los niños de cero a seis años, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para el funcionamiento, como un espacio físico adecuado y suficientes recursos humanos.

Creación de una política de educación infantil que articule la educación infantil y los primeros años de la educación primaria, con enfoque en la infancia como tiempo de vida.

f) Valorización de los profesionales de la educación

Contratación de profesionales permanentes para trabajar en la educación infantil. La atención no puede darse mediante el trabajo de profesionales temporales.

Afirmación de políticas públicas municipales para la valorización de los profesionales de la educación infantil, con el fin de asegurar concursos que cumplan con los requisitos mínimos de formación a nivel superior.

Construcción de agendas formativas y colaborativas que atiendan a la formación inicial y continua de los profesionales de la educación que actúan como auxiliares en la educación infantil.

g) Construcción de una política para la infancia en la ciudad:

Creación de una agenda intersectorial que tome como referencia una planificación de la ciudad para los niños. En este sentido, la educación infantil debe ser el epicentro de esta agenda, en la que se articulan acciones para el cumplimiento de sus funciones socioeducativas.

Por una perspectiva emancipadora

Las acciones y objetivos de la educación infantil deben converger hacia una formación emancipadora, por lo tanto, como práctica social. Esta comprensión ratifica el derecho a la educación, no circunscrito al aprendizaje instrumental, sino como reafirmación de los principios de la producción/socialización del conocimiento histórico-socialmente construido para los procesos de formación y humanización del hombre. Esto significa una concepción amplia de conocimiento, formación y currículos basados en la relación indisoluble entre educación y cultura. La cultura, fruto de la acción humana, se comprende en el tiempo y en el espacio, y se concretiza en la producción material e inmaterial. Por lo tanto, no hay forma de separar las condiciones ‘políticas, culturales y materiales’. La disputa y recuperación de los objetivos de la Educación Infantil implican reafirmar el conocimiento y la ciudadanía como sus objetos de trabajo. La educación y el conocimiento deben constituirse como derecho social, no como objetos del mercado. Una educación comprometida con la producción y difusión del conocimiento requiere la garantía de proyectos y trayectorias formativas emancipatorios que aseguren la formación como expresión del derecho social y subjetivo de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, mediante una postura radical contra todas las formas de exclusión social. Sin embargo, esta consideración solo se concreta cuando se tiene claro que cualquier proceso de inclusión social requiere, antes que nada, superar la desigualdad social. No hay otra alternativa para la defensa de la educación que aquella en la que se replantea el lugar de la autonomía de las instituciones de educación infantil, de los profesores y de los niños en la construcción de una cultura comprometida con la producción y apropiación de un conocimiento socialmente significativo.