Alejandro Tiana Ferrer es catedrático de Teoría e Historia de la Educación y, en estos momentos, es el Secretario de Estado de Educación, cargo que también ostentó entre 2004 y 2008 impulsando la Ley Orgánica de la Educación (LOE). A lo largo de su trayectoria profesional ha sido rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es miembro destacado de varias sociedades científicas en el ámbito de la Pedagogia, la Historia de la Educación, la Educación Comparada y la Política de la educación. Ha publicado numerosos libros entre los que destacamos Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación (2009), La investigación histórico-educativa actual: enfoques y métodos (1988), El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas (2000) o Las Misiones Pedagógicas: La educación popular en la Segunda República (2016).

Usted ha manifestado que esta Ley pretende modernizar la enseñanza, lograr la equidad y la inclusión educativa. ¿Nos podría concretar más estos grandes objetivos?

Efectivamente, a mi modo de ver estos son los tres grandes objetivos de la LOMLOE. Sin duda, no agotan el conjunto de propósitos de la nueva ley, pero considero que son los principales. Para alcanzar cada uno de ellos se han adoptado varias medidas, que vale la pena mencionar, aunque sea someramente.

La voluntad de contribuir a la modernización del sistema educativo se ha plasmado en varios aspectos. En primer lugar, la ley ha incorporado algunas referencias que faltaban en nuestra legislación educativa, a la Convención de Derechos de la Infancia (1990) o a la de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), así como a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También incluye como ejes transversales la perspectiva de género o la digitalización de la educación. En segundo lugar, recupera un modelo curricular que comenzó a desarrollarse en los años 90 con la LOGSE. Se trata del modelo de enseñanzas mínimas, que implica una construcción compartida del currículo escolar, frente al modelo parcelado de la LOMCE, y que ahora estamos desarrollando. En tercer lugar, recupera y refuerza la aplicación de principios constitucionales como el de participación o el de autonomía de centros.

Junto a estas previsiones generales, la LOMLOE introduce diversas medidas relativas a las diferentes etapas educativas. Es el caso de la consideración del primer ciclo de la Educación Infantil como una etapa plenamente educativa, para lo que se exigirá una autorización expresa para abrir una escuela infantil y se regularán los requisitos mínimos de estos centros. O la recuperación de los ciclos de dos años en la Educación Primaria y la limitación de la repetición de curso, ofreciendo otras posibilidades que permitan afrontar las dificultades de aprendizaje tan pronto como aparezcan, así como la recuperación de las materias no superadas. Lo mismo sucede con la eliminación de la doble titulación de ESO que introdujo la LOMCE, así como los itinerarios y las evaluaciones tipo reválida que conducían a una u otra titulación, o la recuperación de los programas de diversificación curricular. La creación de una nueva modalidad de Bachillerato, de carácter general y menos especializado, también se dirige en esa dirección. Son muestras concretas de las medidas que se orientan al logro de ese objetivo general.

En lo que se refiere al refuerzo de la equidad en la educación, la LOMLOE adopta una serie de medidas, entiendo que equilibradas, que no atacan a ningún tipo de centros (al contrario de lo que se ha podido oír durante su tramitación), si bien pone a todos ellos en igualdad de condiciones para cumplir su función social, contribuyendo al ejercicio efectivo del derecho a la educación. Lo que la ley se propone es combatir la segregación del alumnado por razones socioculturales o de cualquier otra naturaleza. Es un objetivo fundamental, vinculado a la justicia social y a la igualdad real de oportunidades, que se refleja de manera especial en los procesos de escolarización. Y, para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, la ley establece unas medidas de cautela de la gratuidad en la educación obligatoria, con el fin de evitar cobros indebidos que impidan una escolarización equitativa.

En lo relativo al impulso a la educación inclusiva, la ley sustituye la concepción de la discapacidad como característica atribuida a las personas por otra concepción centrada en el análisis de las barreras que deben eliminarse para lograr la inclusión, realizando para ello los ajustes que resulten razonables. Además, establece que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales tenderá a lograr su continuidad, progresión o permanencia en el régimen más inclusivo. Y así mismo, regula la participación de las familias en las decisiones de escolarización, con la novedad de que se respetará la voluntad de las familias de hacerlo en el régimen más inclusivo.

En conjunto, la LOMLOE se propone dar pasos adelante para mejorar la organización y la situación del sistema educativo en varias áreas en que muestra debilidades en la actualidad. Y la descripción que acabo de hacer es una simple muestra del modo en que esos objetivos se han concretado en la nueva ley.

Se ha atacado a la LOMLOE de ir contra el castellano, los centros concertados, la educación especial y la religión. Usted y la ministra Celaá han dado en numerosas intervenciones argumentos de derecho para desmontar tales falsedades. Además, a partir de la aprobación de la Ley parece que se han acabado las manifestaciones y las protestas. ¿Qué juicio le merece todo esto?

Bueno, sabemos que es habitual que la controversia acompañe a los cambios legislativos en materia de educación y esta ocasión no ha sido una excepción. Lo que me ha llamado la atención es la magnitud de algunos ataques, desde mi punto de vista claramente exagerados, dando por hecho supuestas intenciones que la ley no contempla. Por ejemplo, la LOMLOE no plantea la desaparición de la escuela concertada ni de la educación especial, sino que pone límites a los desajustes que han podido producirse y marca objetivos tan ambiciosos como la inclusión escolar, que supone indudables beneficios personales y sociales. Y sería positivo poder debatir de estas cuestiones, pues afectan a la vida de muchas personas. Pero, en cambio, es difícil defenderse de juicios de intenciones, pues no se basan en hechos ni en normas. La ley dice lo que dice, no lo que algunos quieren leer en ella o desean atribuirle.

Estoy convencido de que la ley aborda de manera equilibrada cuestiones como estas que he mencionado, evitando las controversias ficticias. Y en el desarrollo de la ley se va a ver esa realidad. Es más, creo que ya se ha comenzado a apreciar. Ahora estamos ya debatiendo acerca de qué modelo de formación necesitamos para nuestros jóvenes, cuáles son los saberes esenciales para hacer frente a los retos actuales o qué margen de autonomía curricular deben temer las escuelas para desarrollar mejor su tarea. Y ese debate es provechoso, pues contribuye a encontrar las mejores soluciones. No pasa nada porque lo discutamos. Al menos, ahora comenzamos a debatir cuestiones de verdadero interés, no ficticias.

Ha habido momentos en que ha sido posible lograr un pacto por la educación. ¿Por qué no es posible un acuerdo político y social por la educación en este país? Usted como catedrático de Teoría e Historia de la Educación, ¿cómo lo interpreta?

Es cierto que ha habido algunos momentos en que hemos estado cerca de alcanzar un pacto por la educación, como en 2005 o 2010, aunque esos procesos nunca se han llegado a culminar. En ocasiones se ha tratado de una propuesta de pacto social, en otras de carácter político. Pero ambas aproximaciones no han dado como resultado ningún pacto general hasta ahora. Desde mi punto de vista, existen algunas fracturas ideológicas importantes en nuestra sociedad que lo dificultan enormemente. Algunas de ellas tienen que ver con aspectos de nuestra historia educativa y de nuestra historia política y social que no hemos resuelto satisfactoriamente y aún nos pesan.

Quizás debamos insistir menos en la necesidad de alcanzar un pacto global en materia de educación y profundizar en la búsqueda de acuerdos parciales, pero suficientemente sólidos. Si adoptásemos ese rumbo, podría producirse un efecto virtuoso, estimulando la búsqueda de nuevos acuerdos. Puede ser que el hecho de pensar en un pacto político global nos esté frenando para encontrar acuerdos menos llamativos, aunque más efectivos. Al menos, tiendo a verlo así.

El colectivo Lorenzo Luzuriaga ha realizado un estudio muy interesante (publicado en febrero 2021) sobre la escuela pública. En la ley sí aparece el concepto de servicio público pero no el de escuela pública ¿Qué opina de ello? No es extraño que el concepto de escuela pública, lugar y el símbolo, donde se educan millones de alumnos no aparezca ni siquiera en los preámbulos de las leyes educativas.

Bueno, quienes dicen eso creo que no han leído con cuidado el preámbulo de la LOMLOE, pues en él se dice expresamente que “se pretende subrayar que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”. Precisamente, decir esto ha sido fuente de críticas y reproches, pero creo que es una afirmación certera, que no desvirtúa a la enseñanza privada, sea o no concertada, ni propone su desaparición, como tendenciosamente se ha querido interpretar. No cabe duda de que la escuela pública es el eje vertebrador, al margen de cualquier otra consideración.

Se ha publicado un documento base: “La reforma del currículo en el marco de la LOMLOE” y se ha celebrado un foro virtual “el currículo a debate” ¿Qué características y novedades va a tener el currículo que se tiene que presentar a través de los Reales Decretos que desarrollen la LOMLOE?

Creo que la reforma de la ordenación académica y del currículo es una de las grandes novedades de la ley. Hemos empezado a trabajar sobre ello, para lo cual hemos ido haciendo públicos algunos documentos, como el mencionado o el Perfil de salida del alumnado al finalizar la educación obligatoria, y hemos celebrado algunos foros con especialistas y con centros educativos que están innovando en este campo. Estamos ya trabajando con las comunidades autónomas para armonizar las enseñanzas mínimas de carácter estatal con los currículos específicos que cada administración educativa debe desarrollar posteriormente.

Queremos elaborar un currículo más orientado hacia la adquisición de competencias por parte del alumnado, donde los conocimientos teóricos se articulan con los prácticos, con la construcción de estrategias y el desarrollo de actitudes, que huya del enciclopedismo que nos ha caracterizado. Nos basamos en las recomendaciones de la Unión Europea para orientar las políticas educativas de los países miembros. Y tomamos la Agenda 2030 como una buena síntesis de los retos que afrontamos como sociedad y como individuos.

Y esto no es más que el inicio de un proceso. Estamos satisfechos de cómo ha arrancado y somos conscientes de que, si acertamos en las decisiones que adoptemos, podremos conseguir mejoras importantes en nuestra educación.

¿Qué papel va a tener el Instituto Nacional de Desarrollo Curricular?

Aunque la ley no le da un nombre concreto, lo concebimos como un organismo que realice el seguimiento del cambio curricular que ahora iniciamos y proporcione orientaciones para revisarlo y actualizarlo de manera permanente. Debe ser un centro en el que participen diversos actores, capaces de dar visiones complementarias sobre un asunto tan capital como el modelo de formación que queremos para nuestros jóvenes y el grado en que lo estamos logrando.

La LOMLOE introduce cuestiones sobre la segregación escolar por etnia, por discapacidad, por género y por el ámbito socioeconómico ¿Le parece suficiente? ¿Se podría haber profundizado más en estas cuestiones con medidas más concretas?

Pienso que la ley plantea con claridad el objetivo de evitar la segregación escolar y da unas orientaciones claras sobre cómo hacerlo. Es la primera ley educativa española que plantea esta cuestión tan candente e importante, lo que debe ser valorado como merece. Luego será obligación de las administraciones educativas llevar ese precepto a la práctica.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una norma estatal, de carácter básico, en un Estado muy descentralizado, que debe respetar el ámbito propio de gestión de las comunidades autónomas. Esta es una tensión permanente en la legislación española, que además ha provocado frecuentes litigios y recursos de inconstitucionalidad. Pero me parece que en este asunto (y en otros del mismo tipo que aborda la ley) hemos acertado. Habrá quien preferiría normas más directivas y centralizadoras, pero serían muy vulnerables ante la realidad autonómica.

El fracaso escolar se ha convertido en una lacra, difícil de extinguir ¿Cómo va a afectar la LOMLOE a esta cuestión?

Ya he mencionado algunas líneas de actuación que la ley ha dispuesto. La reacción rápida ante la aparición de dificultades de aprendizaje, la concepción del refuerzo y la recuperación como vías ordinarias y deseables de trabajo, la reducción drástica de la repetición de curso (como han hecho países con nuestra misma tradición, como Francia o Portugal) o el cuidado del buen ambiente escolar son algunas de las vías que han demostrado su eficacia en otros muchos contextos y que la LOMLOE recoge. Y a eso hay que añadir la apertura de puentes entre programas de estudio, la adopción de mecanismos propios del aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos evidencia de qué medidas funcionan en este ámbito. Ahora debemos analizarlas, adaptarlas a nuestra realidad y potenciarlas.

La formación inicial del profesorado, el acceso a la función pública docente y su desarrollo profesional parece que también va a ser un tema por abordar por el Ministerio en un futuro inmediato ¿Cuáles son los ejes estratégicos sobre este tema?

Estamos ya trabajando sobre esas cuestiones, pues aunque un año puede parecer mucho tiempo, pasa rápido. Las cuestiones mencionadas en la pregunta son las principales, en las que nos estamos centrando. Debemos revisar el tipo de formación inicial y permanente que reciben los docentes, introduciendo las mejoras que ya se han identificado. Después hemos de modernizar el sistema de acceso, que resulta claramente mejorable, incluyendo un mejor sistema de iniciación a la docencia. Y hemos de diseñar un modelo atractivo de desarrollo profesional. Estas son las líneas principales de trabajo.

La elaboración de propuestas sobre esta gama de asuntos requiere un trabajo conjunto y riguroso con diversos agentes. Por supuesto, los sindicatos son actores centrales, pero también lo son las universidades, las comunidades autónomas o las asociaciones profesionales. Y con todos ellos estamos comenzando a trabajar. Debemos dar pasos firmes, pues nos jugamos mucho en esos cambios.

La escuela rural se menciona en la ley pero nunca se ha tratado como un subsistema del sistema educativo ¿Cómo ve el tema?

Bueno, no tengo claro que se deba concebir como un subsistema propiamente dicho. La realidad es muy plural, pero no hay subsistemas escolares claramente separados. La escuela rural son los centros rurales agrupados, pero también las escuelas unitarias, los institutos de educación secundaria obligatoria u otras configuraciones diferentes. Y no es lo mismo la escuela de una población de cuatrocientos habitantes que otra de tres o cuatro mil, aunque ambas sean rurales. Lo importante es buscar soluciones flexibles y adaptadas a esa diversidad de situaciones. La LOMLOE dedica una atención especial a la escuela rural, superior a otras leyes anteriores, por medio de artículos específicos y espero que eso sirva de referencia para orientar un tipo de actuación que requiere atención y apoyo. Pero las bases están puestas.

La participación de la comunidad escolar está en una crisis estructural desde hace tiempo, prueba de ello es la escasa participación de las familias en las elecciones de los consejos escolares o el escaso protagonismo de la participación del alumnado en los centros ¿No estará agotado el modelo? ¿Con las fórmulas que se introducen en la LOMLOE serán suficientes para estimular la participación?

La participación es una realidad compleja y también cambiante, pues tiene que ver con el medio social en que nos desenvolvemos. Llevamos tiempo hablando de una crisis de participación y no cabe duda de que algo de eso hay. Pero también es cierto que, cuando encontramos nuevas vías de participación, suelen dar buenos resultados. Quizás el problema estribe en parte en que no estemos dando respuestas nuevas a situaciones tradicionales. Por cierto, creo que sucede lo mismo en otros ámbitos de participación, como es el político o el vecinal.

Y no podemos olvidar que la LOMCE introdujo trabas a la participación efectiva, al menos en lo que se refiere a la toma de decisiones. Pienso que también en esto la LOMLOE pone las bases para producir avances en este ámbito, Pero no podemos olvidar que las leyes abren posibilidades, pero el hecho de aprobarlas no supone por si mismo que se produzca el cambio deseado. Eso requiere un trabajo adicional.

A parte de la aprobación de la LOMLOE y su desarrollo ¿qué más decisiones van a tomar en esta legislatura?

Uno de los campos en que estamos poniendo muchas energías es el de la modernización y el impulso a la Formación Profesional. Creo que es un campo en el que necesitamos producir avances. Uno de ellos tiene que ver que con la revisión de las cualificaciones profesionales y las titulaciones derivadas. Las profesiones y el mercado laboral han cambiado considerablemente y es necesario adaptarse a las nuevas demandas. También hemos de ampliar el número de plazas ofrecidas y de posibilidades de formación, sobre todo que resulten atractivas desde el punto de vista personal y del empleo. Y hemos de combinar mejor los distintos tipos de formación. Los propios del sistema educativo con los del mundo laboral. Necesitamos un sistema integrado, con el que aún no contamos. Y a ello estamos dedicando mucho esfuerzo.

Y por último, desde que comenzó el estado de alarma el Ministerio ha elaborado diferentes normas para dar respuesta a la pandemia. Además se han celebrado varias Conferencias Sectoriales de Educación ¿Qué debilidades y fortalezas de la escuela se han hecho patentes con la pandemia? ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro?

La pandemia ha sido un fenómeno muy impactante, que nos ha hecho darnos cuenta de la realidad de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, nos sirvió para apreciar los avances que habíamos experimentado en la conectividad de nuestros centros educativos, al tiempo que puso de relieve la brecha digital existente o evidenció el limitado desarrollo de la competencia digital de nuestra población. Al mismo tiempo, frente a quienes demandaban una mayor digitalización de la educación, ha puesto de manifiesto el valor insustituible de la presencialidad, del contacto interpersonal en la actividad educativa. Otro fenómeno que ha subrayado consiste en la vulnerabilidad de un amplio grupo de estudiantes, que necesitan apoyo especial para tener éxito escolar. Y otro tanto podría decirse de la práctica tradicional del trabajo docente o el limitado grado de autonomía escolar, frente a la necesidad de contar con profesionales más autónomos y que trabajan en equipo. Aunque estamos todavía procesando toda la experiencia adquirida en este año y comenzamos a ver investigaciones y análisis de gran interés, no cabe duda de que hemos realizado un aprendizaje muy valioso. Ha sido un aprendizaje duro, en circunstancias tan exigentes como inesperadas, con desgracias personales y sociales. Duro, sin duda. Pero la humanidad también aprende en esas situaciones. Y nosotros no somos una excepción y estamos aprendiendo.

Alejandro, te damos las gracias por tu tiempo, especialmente, en estos momentos de tanta responsabilidad, y os deseamos suerte a ti y a todo el equipo para que se puedan alcanzar los objetivos previstos y que nos has recordado en esta entrevista